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Creará un comando nacional antigolpe que operará a todos los niveles las 24 horas

Maduro anuncia incremento de 50 por ciento al salario mínimo en Venezuela

De mil 660%, la inflación proyectada por el FMI para el país sudamericano este año

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Miembros de la Armada Bolivariana de Venezuela trabajan en los preparativos para el Ejercicio de Acción Integral Antimperialista Zamora 200, en el puerto de La Guaira. El presidente Nicolás Maduro informó ayer que el ejército se alista para el primer ejercicio cívico-militar del año a celebrarse el 14 de enero, con miras a garantizar la estabilidad y soberanía del paísFoto Xinhua
 
Periódico La Jornada
Lunes 9 de enero de 2017, p. 26

Caracas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo un incremento de 50 por ciento al salario mínimo, que sube a 40 mil 638 bolívares (unos 60 dólares a la tasa oficial más alta y unos 12 a la cotización del mercado negro).

El mandatario, además, anunció que creará un comando encabezado por su nuevo vicepresidente, Tareck El Aissami, contra supuestos planes de la oposición para dar un golpe de Estado.

¡Oligarcas, temblad y ríndanse, porque llegó el comando nacional antigolpe!, advirtió. El presidente quiere que este comando “se dedique las 24 horas a tomar las medidas preventivas, legales y correctivas contra todos los sectores golpistas y terroristas a todos los niveles.

Para arrancar el año he decidido un aumento salarial. Si tomamos en cuenta el que di en enero de 2016, es el quinto en un año, sostuvo Maduro en la primera transmisión de 2017 de su programa semanal en la televisora estatal VTV.

El salario es complementado con un bono de alimentación de 63 mil 720 bolívares (93 dólares a la tasa oficial), que se mantiene anclado, aunque el mandatario anunció que será reajustado en los próximos días. El incremento salarial decretado incluye a los pensionados, puntualizó Maduro.

Los sucesivos aumentos ordenados por el gobernante socialista han sido devorados por la elevada inflación –475 por ciento en 2016 y proyectada en mil 660 por ciento para 2017 por el Fondo Monetario Internacional– y la pérdida de valor del bolívar frente al dólar. Además del creciente costo de la vida, los venezolanos sufren severa escasez de alimentos y medicinas.

Para combatir el desabasto, Maduro informó un plan para crear un sistema de tiendas que venderán productos básicos a precios subsidiados, el cual estará controlado por los comités locales de abastecimiento y producción (organizaciones comunales que distribuyen comida en zonas populares).

Según el presidente, las tiendas se localizarán en las 45 ciudades más pobladas del país.

En medio de la crisis, agravada por la caída de los precios del petróleo desde 2014, la oposición ha anunciado que retomará este año su ofensiva para buscar la salida de Maduro del poder. El jueves pasado, Julio Borges, el nuevo presidente del Congreso de mayoría opositora, anunció que se declarará al mandatario en abandono del cargo, por incumplir sus funciones.

El gobierno denuncia que la crisis es producto de una guerra económica de empresarios para provocar descontento popular y deponer a Maduro.

Borges aseguró que está dispuesto a debatir la desvinculación de tres parlamentarios suspendidos por la justicia, a fin de superar la situación de desacato de la cámara e impulsar una salida electoral a la grave crisis del país.

El Legislativo, controlado desde enero de 2016 por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), fue declarado en desacato tras juramentar a tres diputados del estado de Amazonas (sur) cuya elección había sido anulada por denuncias de fraude.

Estoy seguro de que la MUD podría dar ese paso para destrabar el camino, pero lo que no puede ser es que a la Asamblea Nacional la quieran someter a un chantaje permanente, en lugar de ser una institución libre, independiente y autónoma, afirmó Borges en entrevista difundida este domingo por la televisora privada Globovisión.

Al dictaminar el desacato, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –acusado por la oposición de servir al gobierno– declaró nulas todas las decisiones de la Asamblea Nacional.

Los tres asambleístas pidieron su exclusión el 15 de noviembre, pero el TSJ considera que su salida tenía que ser votada por el pleno del Congreso.