Organizaciones y colectivos de la sociedad civil exhortaron a la Cámara de Diputados a realizar –dentro de sus facultades como cámara revisora– la revisión de la minuta de Ley General de Víctimas aprobada hace unos días por el Senado, pues las reformas a dicha legislación no atienden las demandas de los afectados.

Además, exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que garantice en su oportunidad la participación abierta, plural y seria de los grupos de víctimas en la consulta previa a la designación de quien sea elegido nuevo titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), mediante un mecanismo diseñado y debidamente validado por todos los involucrados ‘‘para que no haya lugar a simulacros’’.

En un pronunciamiento, las organizaciones y grupos que integran el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) reprocharon al Senado la iniciativa de reforma a la Ley General de Víctimas, que aunque tiene el mérito de que cesará a los comisionados de la CEAV que aún se encuentran en funciones, cuyo desempeño ha defraudado todas las expectativas victimales, no incluyó a plena satisfacción las exigencias presentadas desde hace varios meses.

‘‘Frente a este panorama, el movimiento manifiesta su decepción ante una reforma que limpia a medias la casa de las víctimas –que es lo que debería ser la CEAV– y que continúa abriendo la puerta a oportunismos e injerencias gubernamentales que han impedido que la comisión cumpla con su verdadera misión’’, dice el pronunciamiento.

Desde su perspectiva, la minuta aprobada por el Senado, y enviada a la Cámara de Diputados para su revisión, ‘‘impide tener una reforma auténticamente integral centrada en las víctimas y no en las burocracias’’.

Además, se advierte que las organizaciones de la sociedad civil ‘‘vigilarán de cerca’’ el proceso mediante el cual el pleno de la CEAV entregará la institución al nuevo titular, ‘‘a fin de cerrar el paso a irregularidades y evitar que la reforma se tome como borrón y cuenta nueva. Los responsables del deterioro de la CEAV deben rendir cuentas de sus actos y omisiones’’, dice el MPJD.

De igual forma, insistieron en varios de los planteamientos no atendidos por el Senado, entre los cuales está reconocer los derechos de las personas víctimas de desplazamiento interno forzado, respetar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral –administrado por la CEAV– sin que su ejercicio esté condicionado por el Ejecutivo, e incluir un capítulo de sanciones contra los servidores públicos omisos, revictimizadores o negligentes.

Asimismo, se propone que se reconozcan plenamente los derechos de las víctimas para que puedan elegir peritajes e investigaciones independientes y de alta calidad, y dotar de recursos a esas instancias con el fin de garantizar el acceso efectivo a la verdad y la justicia.

Por otra parte, en su cuenta de Twitter, el MPJD se refirió a la reciente dimisión de Susana Pedroza a su cargo en la CEAV. ‘‘Renunciar a días de aprobarse una reforma que desaparecerá el cargo que ostenta, no es un acto de dignidad, es saltar del barco antes de hundirse’’, se lee en su cuenta.