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Chile revienta por pensiones

México, la bomba que viene

Guajardo: ¿acostumbrarse?

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ás de tres décadas atrás y protegidos por un aceitado aparato de terror, el del sanguinario Augusto Pinochet, los siempre innovadores tecnócratas que se apropiaron del planeta concibieron un plan genial y utilizaron a Chile como laboratorio: apropiarse del ahorro de los trabajadores, manejar esos cuantiosos recursos para su beneficio, quitarle la carga a las empresas privadas y erradicar la obligación solidaria del gobierno para con sus gobernados, quienes a partir de entonces se rascarían como pudieran, si podían.

A cambio, prometían los innovadores, después de años y años de trabajo fecundo y creador los ciudadanos llegarían al paraíso y se pensionarían de forma suficiente, cómoda y digna, pues sus recursos serían administrados por empresas financieras privadas expertas en hacer crecer el dinero, y ya no por el ineficiente cuan derrochador gobierno. Ese fue el plan, y como la humedad permeó por toda América Latina (en México, Zedillo lo puso en funcionamiento a partir de 1997).

El edén, pues, pero 36 años después en Chile y el resto de Latinoamérica tales empresas sólo se han enriquecido de forma por demás impúdica a costillas del ahorro de los trabajadores, mientras los supuestos beneficiarios de la administración privada de sus recursos, a duras penas, y no para todos, reciben raquíticas pensiones que en el mejor de los casos distan muchísimo de ser suficientes, cómodas y, sobre todo, dignas.

La Jornada nos informa que el pasado viernes Chile vivió una violenta jornada de protestas contra el sistema de pensiones privado instaurado por la dictadura de Augusto Pinochet, que después de tres décadas de cotizaciones sitúa la jubilación media por debajo del salario mínimo. Se trata de la tercera gran movilización en lo que va de 2016, realizada para exigir mejores pensiones a los jubilados chilenos, así como un cambio en el sistema que favorece a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP; en México se denominan Afores), empresas privadas que desde 1980 administran los fondos y a las que se acusa de abusos para enriquecerse con el dinero de los pensionados.

A estas alturas las AFP administran alrededor de 170 mil millones de dólares de ahorro de los trabajadores chilenos (alrededor de 6 por ciento del producto interno bruto de aquella nación), quienes en sus cuentas individualizadas deben aportan 10 por ciento de sus salarios, sin que la empresa privada a la que pertenezcan tenga obligación legal de contribuir en alguna medida. Originalmente se les prometió que con el citado esquema de ahorro al final de su vida laboral obtendrían el equivalente a 70 por ciento de su último salario.

Pero, como era previsible, a la hora de la hora el paraíso prometido se convirtió un infierno de supervivencia para los trabajadores en edad de pensionarse, y 36 años después el promedio pensionario para los trabajadores chilenos es inferior a un salario mínimo, en el mejor de los casos.

De acuerdo con las cifras más recientes, el mini ingreso de aquella nación sudamericana ronda el equivalente a 392 dólares por mes, y según la legislación vigente a partir del primero de julio pasado tal salario es de 257 mil 600 pesos chilenos, y de 264 mil al comenzar 2017. Pero bueno, se toma su equivalencia en moneda estadunidense.

Al conocer esto último, los trabajadores mexicanos redoblaron sus protestas, porque aquí el salario mínimo mensual no llega a 2 mil 200 pesos mexicanos, es decir, a duras penas equivale a 115 dólares, el menor de América Latina, un monto tres veces menor que el de los trabajadores chilenos. Y si éstos se muestran indignados por la miseria que obtendrán a la hora de pensionarse, los de esta República de discursos están verdaderamente furiosos, porque no sólo les prometieron el mismo paraíso que a sus colegas sudamericanos, sino que a estas alturas sólo cuatro de cada diez de ellos tiene derecho a la pensión, porque el resto sobrevive en la informalidad.

La presidenta chilena Michelle Bachelet se encuentra entre la espada y la pared: reivindicar los derechos sociales de sus representados o cuidarle el negocio a los impúdicos propietarios de las AFP. Pero no ata ni desata, y se limita (vía Twitter) a exhortar a los quejosos a que las marchas pacíficas por mejores pensiones hacen más clara la voz ciudadana, y la violencia no es el camino para un gran acuerdo nacional. Sí, ¿pero?

En México es mucho más sencillo para el gobierno, cancerbero de las empresas; a los trabajadores simplemente se les aplica el eslogan peñanietista (joder a México). Desde que Ernesto Zedillo, el padre del moderno sistema pensionario mexicano, dio el banderazo de salida (julio de 1997), la expectativa de obtener una pensión medianamente digna se ha ido pulverizando, junto con el poder adquisitivo de los micro salarios que se pagan aquí, con la indudable ventaja para el sistema que, contra lo que sucede en Chile, aquí nadie protesta ni en defensa propia.

En su momento Zedillo presumió que con la estafa de las Afore, México estrenaba no sólo la gran solución social al México moderno de hoy, sino que se trataba de un sistema para el futuro, moderno, ágil, transparente y, sobre todo, justo. Y a lo largo de los años esa justicia social ha dejado fuera del camino a 60 por ciento de los mexicanos en edad y condición de laborar, mientras los propietarios de las administradoras no dejan de hincharse los bolsillos, porque se quedan con las ganancias y traspasan las minusvalías a los trabajadores.

En términos llanos, esa es la gran solución social al México moderno de hoy. Negocio redondo, pues. Y los administradores tienen doble garantía: el gobierno los protege y los beneficiarios del sistema no protestan, mientras la mecha de la bomba se consume.

Las rebanadas del pastel

En el colmo del descaro, Ildefonso Guajardo, alegre secretario de Economía, sentencia que los consumidores mexicanos deberán acostumbrarse a que los precios de los combustibles y la energía eléctrica se muevan a la baja y al alza, según las cotizaciones en el mercado internacional. Pues no, rotundamente no: a cambio del voto, la oferta explícita de Enrique Peña Nieto, su jefe, fue bajar esos mismos precios en beneficio de los bolsillos de los mexicanos y gracias a la reforma energética. Textualmente: ese es un compromiso que he hecho con todos los mexicanos; se trata de que cada familia sienta los beneficios de un buen gobierno día a día. Eso, y no a la baja y al alza. Y el incumplimiento ha sido total.

Twitter: @cafevega