Tijuana, BC.

El gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid pidió un crédito bancario por 2 mil 800 millones de pesos –lo que incrementó la deuda estatal 25 por ciento, a 17 mil 389 millones de pesos– con la promesa de resolver el rezago del pago de jubilaciones a maestros.

Sin embargo, no lo hizo; 5 mil 404 trabajadores están en la indefinición laboral. De ellos 3 mil 193 son profesores, gremio que estuvo a punto de romper las puertas del Congreso local la semana pasada, durante una protesta mientras comparecía el titular de Finanzas, Antonio Valladolid Rodríguez.

En tres años de gobierno Vega de Lamadrid ha aumentado la deuda del estado en 3 mil 500 millones de pesos. Ahora asegura que no hay dinero para jubilar a los maestros, quienes demandan que se cumpla la ley y se les saque del limbo jurídico en el cual quedaron al retirarlos de sus actividades frente a grupo. Aunque cumplen todos los requisitos legales para pensionarse, no se ha autorizado su jubilación y se les dio la categoría de liberados, que no existe en la ley.

Cuando los medios de comunicación han recurrido a las instancias de transparencia a preguntar sobre los 2 mil 800 millones de pesos, la respuesta es que no hay información porque el crédito está en proceso.

Durante su comparecencia ante el Congreso con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno de Vega de Lamadrid, el secretario de Planeación y Finanzas soltó algunas cifras.

Antonio Valladolid informó que ya invirtieron 760 millones de pesos del préstamo en el sistema de pensiones y antes de que concluya el año canalizarán 450 millones más. Pero también dijo que no hemos dispuesto de mil 150 millones de ese crédito. Estas cifras no suman los 2 mil 800 millones que se pidieron prestados, fundamentalmente a la banca comercial.

A los maestros que esperan su jubilación (al menos ocho han muerto en la espera) se les descuenta quincenalmente 16 por ciento de su salario para el fondo de jubilaciones y pensiones.

Jorge Rosas, quien fue director de la primaria Niños Héroes, en la delegación La Presa de Tijuana, indicó que el gobierno estatal ha ofrecido a los mentores que dejen de protestar y los jubilará en 2019, cuando Vega deje la gubernatura.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) maneja las pensiones. Al iniciarse la administración estatal, en 2013, el gobierno informó que el sistema estaba en quiebra y anunció una reforma estructural de tres puntos para sanearla.

La primera fue modificar la Ley del Issstecali para aumentar las cuotas que aportan los trabajadores para su jubilación, de 9 a 16 por ciento de su salario; incrementar la edad de retiro y terminar con las pensiones dinámicas, entre otros cambios.

La segunda medida era buscar alternativas para que cuatro de los cinco municipios de la entidad, que deben mil 900 millones de pesos al Issstecali por concepto de aportaciones, las pagaran (no lo han hecho), y la tercera fue pedir el crédito de 2 mil 800 millones, lo que se aprobó en diciembre de 2013.

Sin embargo, en los primeros meses de 2014 el Congreso federal aprobó la Ley de Disciplina Financiera, la cual prohibió a los estados endeudarse para pagar gasto corriente o sanear sus finanzas, sino sólo para inversión productiva. Así, el Congreso local autorizó a Francisco Vega pedir un crédito diciendo que sería para inversión, pero todos convinieron en que se usaría para sanear al Issstecali.

Según explicó Valladolid Rodríguez en su comparecencia, ha tenido que hacer malabarismos para disfrazar el uso de ese crédito. El gobierno del estado compró terrenos al Issstecali y a varias dependencias para poder darle recursos. Es así como le ha entregado 760 millones y estaría por darle 450 más. El titular de Planeación y Finanzas no ofreció un solo dato sobre el uso que se daría a los otros 700 millones de pesos (los diputados tampoco preguntaron), pero quedó claro que 2 mil 800 millones eran para el sistema de pensiones.