Tras el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa a principios de este mes, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan aseguró que la impunidad y el clima de violencia generalizada que imperan en Guerrero han cobrado muchas vidas de jóvenes mayoritariamente pobres.

Las estadísticas nos han colocado en el primer lugar de muertes con violencia, teniendo a la cabeza cinco de las 50 ciudades más violentas del país. En esta vorágine criminal, el mayor peligro lo corren los estudiantes y los familiares de las víctimas de desapariciones, quienes constantemente tienen que movilizarse y encarar a las autoridades para exigir justicia y verdad, afirmó.

En un pronunciamiento titulado Permiso para matar, la agrupación de derechos humanos señaló que las autoridades, al calificar a los normalistas asesinados Jonathan Morales y Filemón Tacuba de irreflexivos y broncos, asumieron una apreciación banal, grotesta y sumamente preocupante y peligrosa.

Expresó que el caso apunta para fabricar la historia de que delincuentes alcoholizados se subieron a un transporte público, amagaron a las personas para asaltarlas y que mataron a quienes opusieron resistencia.

Tlachinollan expresó que la actuación de la fiscalía de Guerrero preocupa mucho a los familiares de los estudiantes asesinados, a la misma comunidad estudiantil de la Normal (Rural Raúl Isidro Burgos), al movimiento social y a sus representantes legales, porque no se vislumbran posibilidades de que tomen en serio otras líneas de investigación, por ejemplo, el contexto de criminalización que enfrentan los estudiantes de Ayotzinapa.

Resaltó que para nadie es desconocida la aversión que existe (contra ellos) de actores gubernamentales, sobre todo de las fuerzas de seguridad y de la misma fiscalía, porque asumen una postura crítica y de acciones directas.

Tampoco, añadió, “podemos ignorar la campaña de desprestigio que el gobierno y sus medios incondicionales despliegan cuando los jóvenes interpelan a las autoridades y cuando se movilizan para exigir la presentación con vida de sus compañeros.

“Los han catalogado de vándalos y en los mismos expedientes penales los han ligado con grupos de la delincuencia organizada, filtrando información a los medios para criminalizarlos. Les han endilgado el mote de ayotzinapos para estigmatizarlos socialmente y verlos como estudiantes pobres, resentidos y violentos”, afirmó.

Esta postura pública contra ellos tiene la intención perversa de las autoridades de generar una campaña de odio, por considerar que son los causantes del caos y la violencia. Alientan la animadversión hacia todo lo que hacen y envían señales funestas a los grupos que delinquen y que están coludidos con personajes turbios dentro del gobierno, para ponerlos en la mirilla de sus acciones violentas, subrayó.