Sociedad y Justicia
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Preocupante, que plantee trasvases del recurso, denuncia ONG

Iniciativa de ley general pretende fortalecer el control de la Conagua
 
Periódico La Jornada
Lunes 10 de octubre de 2016, p. 36

Un borrador de la Ley General de Aguas, que circula entre los diputados, pretende fortalecer el control de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre el líquido y limita el derecho humano a este recurso, que se busca reglamentar con esta legislación, a un mínimo vital de 50 litros al día por persona, señala un análisis del movimiento Agua para Todos.

El análisis del texto elaborado, entre otros, por la académica Elena Burns, señala que la Conagua definirá el sistema de concesiones a aguas nacionales, las cuales pueden ser prorrogables, heredables y transferibles.

También mantiene a su cargo el diseño, licitación y concesión de obras hidráulicas, junto con la expropiación de tierras para este efecto, así como los Bancos del Agua y los sistemas Nacional de Información del Agua y Financiero del Agua. Además, plantea que la política ante la contaminación será autorregulatoria.

La organización no gubernamental (ONG) considera que dejar a un mínimo vital el derecho humano al agua va contra el mandato constitucional, “que es la razón de ser de esta ley. No incluye mecanismos vinculantes de participación ciudadana y está ausente cualquier medida o instrumento para lograr el ‘acceso y uso equitativo y sustentable’, así como cualquier referencia a los derechos de los pueblos indígenas o los núcleos agrarios”.

En cuanto al derecho humano al agua, el documento señala que el Estado es obligado a progresar, según la disponibilidad de recursos, hacia el acceso universal a por lo menos 50 litros de agua al día, a una distancia menor de un kilómetro y 30 minutos de traslado, así como el acceso a instalaciones para eliminar excretas y aguas residuales.

En este rubro la iniciativa ciudadana de Agua para Todos señala que el derecho humano al agua implica la participación ciudadana en la planeación, gestión y contraloría del recurso y el territorio para lograr el acceso universal, equitativo y sustentable al agua a corto plazo, como prioridad nacional.

En 2015 se detuvo en el Congreso la aprobación de una iniciativa de ley general de aguas ante la oposición de diversos sectores, ya que consideraron que incluía temas controversiales, como el trasvase de líquido de una cuenca a otra, e impulsaba la privatización del servicio.

Un año después circula este documento, en el cual, según dicha ONG, es “especialmente preocupante el permiso a realizar trasvases como parte integral de la concesión a aguas nacionales, así como el reconocimiento como uso permitido de aguas nacionales su empleo en ‘las salmueras que se utilizan para la extracción de cualquier tipo de sustancias’, como es el caso de la minería tóxica y el fracking (fracturación hidraúlica)”.

De acuerdo con el análisis de la organización, el documento plantea grandes proyectos hidráulicos como los trasvases, las desalinizadoras y usos intensivos en energéticos. Refiere también que se fomentará la participación de terceros en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal por medio de concesiones, las cuales podrían ser objeto de compraventa.