Ante la falta de certeza sobre el tiempo que continuarán los militares cumpliendo labores de seguridad pública, el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, puso en marcha un proyecto para que la Policía Militar (PM) asuma un papel predominante en el apoyo a los estados y a la Federación.

En ese contexto, ordenó que para el término del presente sexenio cada una de las 12 regiones militares cuente con un batallón de este agrupamiento capaz de responder a cualquier emergencia en materia de seguridad interior.

En los tres años de la presente administración el número de policías militares creció más de 230 por ciento, al pasar de 6 mil 145 elementos (325 mujeres) en 2012 a 14 mil 319 (739 mujeres) al mes de septiembre de 2016.

En respuesta a una solicitud de información, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indicó que actualmente mil 824 policías militares están desplegados en los estados de Durango, Nuevo León y Michoacán, en ‘‘apoyo a la estructura de la seguridad pública’’. Es decir, casi 10 por ciento de los elementos que conforman dicha agrupación.

Además, por primera vez, el Heroico Colegio Militar imparte la especialización de Policía Militar a sus cadetes, con lo que prácticamente el mando la ubicó como un ‘‘arma’’ más.

Nuevas ‘‘armas’’

Actualmente, las ‘‘armas’’ del Ejército Mexicano en las que se especializan los futuros oficiales son: infantería, caballería, artillería, arma blindada e ingenieros militares.

Se informó asimismo que gracias a la participación de la Policía Militar en labores de seguridad pública en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Cohuila, se puso en marcha un novedoso esquema de participación pública y privada para la construcción de cuarteles para esos elementos, los cuales desempeñarán labores de seguridad pública en esas entidades.

El 12 de mayo pasado, el general Cienfuegos encabezó la firma del convenio para la construcción de un cuartel destinado a una brigada de Policía Militar en San Pedro de las Colonias, Coahuila –a la que asistieron, además del mandatario anfitrión, los gobernadores de Durango y de Chihuahua–, el cual tendrá un costo de más de 500 millones de pesos.

En esa ocasión, se dijo que este nuevo esquema incluye participación pública y privada; en febrero pasado fueron inauguradas instalaciones para la Policía Militar en el municipio de Escobedo, Nuevo León, las cuales tuvieron un costo aproximado de 500 millones de pesos, bajo un esquema de inversión similar.

Las instalaciones castrenses tienen en común el que están diseñadas para atender las necesidades de tres estados cada una. En el primer caso, para Coahuila, Chihuahua y Durango; en el segundo, para combatir la violencia e inseguridad en Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. En razón de lo anterior, la Sedena inició en la presente administración un proyecto de profesionalización, adiestramiento y equipamiento de los policías militares, los cuales recibieron capacitación especializada en materia policiaca y respeto a los derechos humanos.

La instrucción fue impartida en el Campo Militar 37-C, de San Miguel de los Jagüeyes, en Huehuetoca, estado de México, para afrontar estas nuevas responsabilidades de las fuerzas armadas.

Ya no participarán elementos de élite

La idea, explicaron mandos castrenses, es sacar de los operativos de seguridad pública a elementos de élite (paracaidistas y fuerzas especiales) y a otros agrupamientos (personal de artillería, blindados, caballería e ingenieros zapadores) para que retomen su adiestramiento enfocado a lo que es su labor principal: la seguridad exterior y la defensa de la soberanía nacional.

Fuentes militares reconocieron que el desgaste permanente en el que se encuentra el Ejército ha impactado en su adiestramiento y preparación, por lo que era necesario replantear su participación en funciones de seguridad pública y, en menor medida, en contra del crimen organizado.

Hasta el sexenio anterior, la Policía Militar desempeñaba un papel de bajo perfil en la Secretaría de la Defensa Nacional; sus elementos se encargaban de la vigilancia de las instalaciones castrenses y estratégicas (energéticas, nucleares, etcétera), así como de mantener el orden interno en cuarteles, prisiones y unidades habitacionales militares.