yer se cumplió un año del asesinato de cinco personas en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. El caso provocó conmoción por el número de personas asesinadas, por la violencia ejercida en términos que los capitalinos suponían distintivos de otras partes del país, por la presencia en la lista de muertos de dos personas con actividades susceptibles de represión gubernamental (la antropóloga y defensora de derechos humanos Nadia Vera Pérez y el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril) y por el sucio manejo de datos y versiones que pretendieron disolver de inmediato cualquier implicación política y reducir el asunto a los vericuetos y el morbo de la mera nota roja.

En el horizonte inmediato de las sospechas fundadas apareció Javier Duarte de Ochoa, probablemente el peor gobernador del país. Vera Pérez, nacida en Comitán, Chiapas, había terminado su carrera profesional en Xalapa y había participado en múltiples actividades y protestas contra los variados abusos de poder realizados por el mandatario veracruzano. Espinosa Becerril nació en la Ciudad de México, donde comenzó a hacer fotografía para medios de comunicación. Luego se instaló en el puerto de Veracruz y más tarde en la propia Xalapa. Fue un defensor tenaz de periodistas maltratados, amenazados y asesinados en Veracruz, en especial del caso de Regina Martínez, la corresponsal de la revista Proceso que había sido muerta en abril de 2012. Proceso publicó en una de sus portadas (febrero de 2014) una fotografía tomada por Espinosa Becerril en la que el gobernador Duarte de Ochoa aparecía rotundo, de medio cuerpo, con una cachucha policiaca, una mirada fija que a sus críticos parecía torva y amenazante, y un título periodístico: Veracruz, estado sin ley.

Tanto Vera como Espinosa se habían refugiado en la Ciudad de México, entendiéndola como un espacio inalcanzable para verdugos estatales. Habían señalado sin lugar a dudas que, si alguna desgracia les llegara a suceder, las investigaciones deberían dirigirse hacia el gobernador Duarte de Ochoa. A él le responsabilizaron de antemano. Ambos conocían de sobra las historias de periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales que han sido asesinados en Veracruz, en circunstancias siempre confusas, con participación de grupos del crimen organizado como ejecutores y la protección inmediata de la policía y la procuraduría estatal de justicia, y la del aparato judicial que entre burocratismos suele dejar sin castigo real ese tipo de hechos.

La primera reacción del aparato capitalino de poder, luego del quíntuple asesinato, generó recelos. Hubo filtraciones informativas, calumniosas, que buscaban clasificar el asunto como algo relacionado con la sordidez: fiestas, alcohol, drogas, prostitución y desorden de vidas. El origen colombiano de Mile Virginia Martín permitió a los guionistas oficiales relacionar la violencia en el departamento de la calle Luz Saviñón con bandas del narcotráfico y venganzas por el robo de droga. Las versiones, cuando ya hubo detenidos, fueron igualmente contradictorias y oscuras. A un año no se conoce el móvil de los hechos y la relatoría judicial, centrada en esos detenidos y sus declaraciones, resulta poco convincente. El gobernador Duarte de Ochoa declaró voluntariamente sobre los hechos y formalmente no tiene imputaciones. No han vuelto a suceder episodios similares en la capital del país. Sólo fueron ellos. Además de Vera y Espinosa, murieron ahí la colombiana Martín, la joven maquillista Yesenia Quiroz Alfaro y la empleada doméstica Alejandra Negrete Avilés. Cinco asesinados en la Narvarte, ¿por qué?, ¿por orden de quién o quiénes?

La desesperación recaudatoria de la administración peñista recurre a partir de hoy a otro aumento en el precio de los combustibles (gasolinas en sus dos versiones y diésel). Es una forma descarada y abusiva de meter la mano al bolsillo de los ciudadanos para mantener el funcionamiento de un aparato gubernamental pesado, excesivo, despilfarrador y corrupto. A esa faceta grosera de desposeimiento colectivo ha de añadirse el evidente disparo inflacionario que provocará, en un estropeo económico que se añade a las otras cuitas nacionales en curso. Por sí mismo, todo aumento en un rubro tan sensible como son las gasolinas y el diésel resulta dañino para una economía desequilibrada como es la mexicana. Pero en esta ocasión el monto de los incrementos es exagerado (21, 44 y 56 centavos por litro en gasolina Magna, Premium y diésel, respectivamente): franca voracidad gubernamental descriptiva de los graves desajustes y carencias que sufre el tesoro nacional.

El mencionado incremento, conocido como gasolinazo, intensifica la valoración negativa del discurso pretencioso de Peña Nieto respecto al cumplimiento de sus promesas. Simple y llanamente, se está ante otra mentira de quien se hospeda en la casa presidencial. Él prometió con jactancia que no habría más aumentos en el precio de esos combustibles, atribuyendo dicha medida al éxito de sus reformas, en específico a la energética. Incumplir tal ofrecimiento lastima la palabra y la imagen de quien conduce la institucionalidad mexicana, pero representa, además, una confesión apabullante del fracaso de esas reformas que se utilizaron como presunta causa de ahorros que no se han dado. Ya antes se autorizó el alza de tarifas en el consumo eléctrico (otra promesa incumplida, utilizada incluso con fines abiertamente electorales para ayudar a candidatos del PRI, partido éste al que se envió como relevo impuesto a Enrique Ochoa Reza, quien dirigía la Comisión Federal de Electricidad). Ahora llega el peor de los gasolinazos.

Y, mientras la sección 22 del magisterio intenta bloquear hoy los accesos al Cerro del Fortín, donde se realizará la clausura de la Guelaguetza oficial, en protesta por el incumplimiento de los acuerdos a que dice haber llegado con la Secretaría de Gobernación, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx