El plan antidelito del gobierno federal se aplica este año en 108 municipios, es decir, alrededor de 4 por ciento del total de los ayuntamientos del país.

La Secretaría de Gobernación (SG), responsable de su operación, planteó tres ejes fundamentales: participación ciudadana y corresponsabilidad social; focalización de acciones e intervenciones, y la prevención terciaria.

El objetivo, dijo la SG, es fomentar la transparencia y apuntalar la sostenibilidad del mismo, con el apoyo de organizaciones civiles y del sector empresarial.

A pesar de que el gobierno federal presenta este programa como prioritario, ha sido uno de los afectados por los recortes presupuestales. En 2015 operó con 2 mil 600 millones de pesos. Sin embargo, para 2016 los recursos fueron reducidos alrededor de 20 por ciento, para quedar con mil 944 millones de pesos.

Guerrero es la entidad que recibe una partida mayor (149.3 millones para este año) y, por municipios, Acapulco tiene el presupuesto más grande en este rubro.

Esta semana se reunieron los responsables en cada entidad del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

El subsecretario de Prevención de la SG, Alberto Begné, dijo que es necesario ampliar y consolidar las redes de vinculación con diversos sectores de la sociedad, así como una agenda de trabajo con gobernadores y alcaldes.