El comisionado presidente del InfoDF, Mucio Israel Hernández, consideró que no hay razón jurídica para impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la nueva Ley de Transparencia de la Ciudad de México, como lo acordó el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai).

En entrevista, afirmó que se trata de una normatividad de avanzada que amplía los compromisos en transparencia de los entes obligados en la Ciudad de México, se acortan los plazos para la entrega de información y fortalece la autonomía del Info-DF, tanto financiera como administrativamente, lo que traerá grandes beneficios a la población capitalina.

Comentó que el Inai les hizo llegar 13 observaciones al texto legislativo que fueron atendidas en tiempo y forma. Nos mandaron una comunicación en la que así lo reconocen, pero cuatro días antes de que venza el plazo nos enteramos que van a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, por dos asuntos: la creación del Sistema Local de Transparencia y la representación legal para interponer recursos de revisión, refirió.

Durante su participación en la segunda reunión de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, aseguró que junto con las instancias de la Ciudad de México pertinentes defenderán la nueva ley aprobada por la Asamblea Legislativa y continuarán con su instrumentación, pues la impugnación del Inai ante la Corte no lo impide.

En su oportunidad, el comisionado Alejandro Torres Rogelio señaló que en la Ciudad de México se determinó mantener el sistema Infomex, ya que la plataforma nacional de transparencia ha presentado fallas técnicas que han impedido realizar las peticiones de información de forma correcta.

Dijo que en una primera etapa se capacitará sobre la aplicación de la nueva norma a 480 servidores públicos de las 123 dependencias que a diario atienden solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

El comisionado David Mondragón, a su vez, coincidió en que la acción de inconstitucionalidad no debe afectar la operación de las unidades de transparencia, que tendrán como reto cumplir con la entrega de información en un menor tiempo.