La negativa a extender el plazo para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en todo el país, a partir del próximo 18 de junio, se debe a que ‘‘no era justo que los estados que habían cumplido se detuvieran por aquellos que no’’, sostuvo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a unos días de que entren en vigor los juicios orales, se aplique la presunción de inocencia y los medios alternativos de solución a escala nacional.

Osorio sostuvo que este nuevo sistema ‘‘dice adiós a la impunidad y da la bienvenida a la justicia plena para los mexicanos’’.

Al encabezar ayer la 16 sesión ordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, con lo que prácticamente se inició la cuenta regresiva para la próxima aplicación del sistema acusatorio, Osorio –en su calidad del presidente de dicho consejo– señaló que la reforma fue tomada como compromiso de Estado, y convocó a sus integrantes a dar seguimiento al trabajo realizado e impulsar los cambios que este nuevo mecanismo requiera.

En el encuentro a puerta cerrada participaron, entre otros, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez; el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Gelacio Pérez Dayán y María de los Ángeles Fromow, secretaria técnica del consejo, así como otros funcionarios federales y locales.

Pérez Dayán dijo que una vez culminada esta etapa ‘‘es indispensable que todos los operadores jurídicos contribuyamos’’, cada quien desde el ámbito de su competencia, a consolidar el trabajo desempeñado a lo largo de estos años, lo cual debe hacerse ‘‘no con una visión aislada, sino en el entendimiento de que el Estado mexicano es el que se responsabiliza, ante sí y frente al ámbito internacional, de entregar los mejores resultados’’.

Aseguró que el Poder Judicial Federal está listo para enfrentar este reto y destacó que hasta la fecha, con la puesta en marcha del sistema oral en la mayoría de los estados del país, se han judicializado en el ámbito federal 4 mil 200 asuntos, de los cuales sólo en 20 por ciento ha operado la prisión preventiva, además de que nueve de cada diez causas han sido resueltas por medio de un procedimiento abreviado, sin llegar a juicio.

La procuradora general de la República, Arely Gómez González, dijo –por su lado– que a partir del 18 de junio el trabajo de las instituciones consistirá en apuntalar la correcta operación del nuevo sistema judicial para brindar una atención ciudadana de calidad.

Será primordial la coordinación de las instancias responsables ‘‘de la transición del antiguo modelo inquisitorial a éste mucho más garantista’’, mediante un seguimiento y evaluación de su funcionamiento, indicó.

Entrevistada al término de la reunión, la coordinadora nacional Antisecuestro, Patricia Bugarín Gutiérrez, reconoció que existe preocupación a nivel oficial y de la sociedad, porque el nuevo sistema no presente fallas en el debido proceso que permitan la liberación de secuestradores.

Agregó que en la reunión se aceptó también que hay pendientes legislativos que deberán aprobarse a la brevedad para la plena aplicación del nuevo sistema. Aunque acotó que todo esquema está sujeto a ser mejorado en bien de la sociedad.