Quieren acabar con nosotros…

Juan Gamboa
Ejidatario del ejido Jalpa, municipio de General Cepeda y comisionado de la Comunidad de Jalpa
Correo-e: [email protected]

Pedro Jasso
Ejidatario y presidente del Comisariado Ejidal del ejido Pilar de Richardson, municipio de General Cepeda
Correo-e: [email protected]

General Cepeda es un municipio pobre y Noria de la Sabina es uno de sus poblados con mayor marginación. Ahí viven unas cuarenta familias que no han recibido ningún beneficio del desarrollo industrial. Cuidan cabras, tallan lechuguilla, benefician cera de candelilla, bajan orégano del cerro, casi no consumen productos industriales y no producen residuos industriales tóxicos y peligrosos. ¿Por qué endosarles la basura industrial de las regiones industrializadas del país? Sencillo: porque sus tierras son baratas, la empresa invierte menos y el empresario gana más.

En octubre de 2014, nos enteramos por primera vez de este nuevo proyecto de confinamiento de basura tóxica, próximo a instalarse en un terreno privado que colinda con el ejido. Aunque la empresa inició trámites el 14 de mayo de 2014 y el plazo legal para solicitar consulta pública se cerró el 29 de ese mismo mes, nosotros no supimos nada de este proyecto hasta que ya estaba dado, en lo oscurito, el primer permiso.

Hace varios años, la Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, SA de CV (SEMNSA), compró a un particular las 500 hectáreas donde está construyendo su basurero. Para tener un derecho de paso hasta la carretera federal 40 (Saltillo-Torreón), ofreció a los ejidatarios una planta avícola o una maquiladora de ropa que daría empleo a los vecinos. Consiguió así que el ejido aceptara redestinar una porción de las tierras de uso común –que no se pueden vender–, y la asignara como parcela al representante legal de la empresa, que así quedó reconocido como hombre de campo, ejidatario y avecindado. Todo se hizo con la complicidad del Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria que dizque está para defender al campesino.

Al conocerse en octubre de 2014 la autorización en materia ambiental (concedida por la Semarnat en julio de 2014), quedó bien clara la complicidad de las autoridades. La autorización reproduce partes de un oficio firmado por el alcalde el 16 de junio de 2014, en el que dice estar a favor del proyecto. Lo mismo hizo Eglantina Canales, titular de la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Coahuila, un día después. El alcalde, Rodolfo Zamora no informó ni tomó en cuenta al cabildo, menos aun a la comunidad y, de remate, seis meses después todavía declaraba no saber nada del proyecto.

Este gobierno quiere acabar con nosotros. En palabras de Rogelio Montemayor, los ejidatarios le “salen más baratos al gobierno” viviendo en una colonia periférica de alguna ciudad, que en sus propios ejidos. Según el gobierno somos más rentables como obreros y comprando en el Oxxo que sembrando las tierras y cuidando chivas. Quieren forzarnos al destierro, quieren arrebatarnos las tierras para convertirlas en basureros industriales, quieren llevarse el agua a las industrias de la región.

En una reunión de trabajo en la oficina de Eglantina Canales, reclamamos al representante legal de la Sociedad Ecológica Mexicana del Norte: “Eres un mago para engañar y manipular la gente, comiste sus tortillas y frijoles, tus hijos jugaron en las piñatas de sus niños, les llevaste cerveza y les hiciste carne asada que comiste con ellos, participaste en sus fiestas y lloraste a sus muertos, te los ganaste como amigos hasta que comieron en tu mano, sin jamás confesarles tus verdaderos propósitos.” En esa misma reunión le preguntamos: “¿Por qué dijiste que pondrías una planta avícola o una maquila de ropa para darles trabajo?” “Yo no les dije eso” –respondió– “¿Qué les dijiste entonces?, “Que pondría una fábrica de lo que yo hago”. “¿Y les dijiste qué haces?” –repreguntamos. “No” –fue su respuesta.

Con el tiempo, fuimos descubriendo más y más engaños, más y más arreglos en lo oscurito con las autoridades que no quisieron escuchar nuestros reclamos. Cuando las dádivas y las mentiras ya no les sirvieron, empezaron las calumnias, las amenazas los intentos de intimidación y, al último, las denuncias civiles y penales contra varios de nosotros. Ahora resulta que luchar por nuestros derechos es delito.

Creemos que urge confinar de manera segura y controlada los residuos tóxicos y peligrosos de la industria, pero exigimos que se haga cerca de las zonas industriales. Los que producen esos venenos deben responsabilizarse de su manejo y confinamiento. Confinar debe ser parte de sus costos, tiene que pesar sobre sus utilidades y no sobre nosotros, campesinos que ni la debemos ni la tememos.

Hemos sabido vivir durante siglos en estas tierras y aguas sin dañarlas ni hacer mal a nadie, amamos nuestra cultura y tradiciones, respetamos y cuidamos nuestros territorios, recursos y formas de vida, nos sentimos ofendidos por este proyecto y por el gobierno que, en resumidas cuentas, quiere acabar con nosotros tal como hemos sido y somos: hombres y mujeres del campo.

¡No al confinamiento industrial en Noria de la Sabina!

¡Sí a la Vida!