El Instituto Nacional Electoral (INE) tomó una decisión sin precedente: el miércoles removerá a directivos del organismo público local (Ople) encargado de organizar los comicios en Durango, y luego enviará a su personal a cumplir diversas labores, dado que hay conflictos internos, cuando faltan 23 días para efectuarse la votación.

De facto, el instituto asumió ayer el proceso de la elección, pero sin hacerlo por la vía natural establecida en la ley, como exigieron un par de consejeros, quienes se apartaron de esta decisión por considerarla endeble legalmente.

Inicialmente, el Consejo General del instituto propuso tomar esta decisión con base en un informe elaborado por el consejero presidente del organismo local, Juan Enrique Kato, pero el consejero Marco Antonio Baños puso sobre la mesa dejar fuera de la jugada a dicho funcionario estatal, lo que fue aprobado por una mayoría.

El consejero Benito Nacif lo complementó y planteó que directamente el secretario ejecutivo del INE, sin la petición de Juan Enrique Kato, designe a funcionarios dotados de fe publica para que acompañen a ese Ople sin la intervención del consejero estatal.

Esto dejó satisfecho al PRI, cuyo representante, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, se quejó en entrevista sobre la conducción de Kato y de que ha cometido muchas fallas. Hace más daño la ineficiencia que la perversidad, resumió.

En la sesión del Consejo General, citada ayer de manera urgente, ningún partido habló abiertamente de las causas políticas de esta decisión, y se centraron en los diferendos internos en el instituto. Sin embargo, previamente, el representante del PAN ante el INE, Francisco Gárate, acusó al gobierno local y al PRI de tratar de ejercer una injerencia indebida en el funcionamiento del Ople local, presionando a Kato y a otros tres consejeros que han demostrado ser imparciales.

Este problema creció luego de que el tribunal electoral local ordenó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IPEC) reinstalar en su puesto a la secretaria ejecutiva, Zitlali Arreola del Río, quien había sido destituida porque se perdió la confianza en su trabajo. Ello provocó que hubiera el riesgo de que Kato fuera arrestado, como parte de una serie de acciones de acoso emprendidas en su contra.

Previamente a esta sesión, los representantes partidistas fueron citados por el titular del INE, Lorenzo Córdova, para planchar el proyecto en una reunión privada. Ahí el PRI y el Verde condicionaron el acuerdo a que el consejero presidente local fuese verificado. De hecho, Jorge Herrera, del PVEM, aseguró que han objetado el nombramiento de Kato desde febrero.

Córdova hizo suya la propuesta de Baños y presentó la nueva redacción del acuerdo que permite al Consejo General tomar las decisiones pertinentes para darle funcionalidad al Ople. En los hechos, esto implica remover a diversos directivos que han impedido el trabajo electoral, como ha ocurrido con la secretaria ejecutiva, explicó Baños en entrevista.

Córdova justificó esta acción, porque buscan blindar a los Oples frente a la eventual intervención de los poderes locales.

En el Ople de Durango, indicó, han identificado una línea de mando interrumpida entre el órgano superior de dirección, el Consejo General y la estructura ejecutiva de dicho instituto. De ahí que pretenden evitar que se contamine el buen desarrollo del proceso electoral en Durango.

En contraposición a nueve consejeros, sus colegas Pamela San Martín y José Roberto Ruiz Saldaña señalaron que esta decisión carece de asidero legal.

A 23 días de que la ciudadanía acuda a las urnas, San Martín señaló que valdría cuestionarse seriamente si es necesario asumir o no la elección.

El perredista Pablo Gómez pidió reflexionar de aquí a la sesión del miércoles del Consejo General si conviene asumir la conducción de todo el proceso electoral o al menos lo relacionado con quejas y el Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Jaime Castañeda, representante de Morena, consideró que se quedó corto el acuerdo, y también respaldó el tema de la atracción completa, pero dijo que en radiopasillo se supo que no se tomó esa vía porque se consultó con los magistrados del tribunal electoral y les aseguraron que no se puede.

Es un error de los magistrados y del INE por el grado de conflictividad que existe, precisó.

El priísta Ramírez Marín elogió la propuesta: no nos disgusta, vemos con buenos ojos que aspectos de la elección sean atraídos. En este punto expresaron coincidencias sus aliados.