La Habana.

América Latina recibió este jueves con condenas y preocupación la apertura de un juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y su separación del cargo, al destacar la necesidad de que se preserve la estabilidad democrática en el país amazónico.

El gobierno de Cuba reiteró su solidaridad con la mandataria, el Partido de los Trabajadores y el pueblo brasileño ante lo que calificó de golpe de Estado parlamentario-judicial disfrazado de legalidad que se gesta desde hace meses, en su primera reacción a la suspensión de Rousseff, quien fue remplazada por el vicepresidente Michel Temer por un periodo que podría durar hasta 180 días, en lo que se desarrolla el juicio político.

Hoy se consumó un paso fundamental para los objetivos golpistas, apuntó el gobierno del presidente Raúl Castro en una declaración divulgada en medios estatales. Se trata, en realidad, de un artificio armado por sectores de la oligarquía en ese país, apoyados por la prensa reaccionaria y el imperialismo, con el propósito de revertir el proyecto político del Partido de los Trabajadores, derrocar al gobierno legítimo y usurpar el poder que no han podido ganar con el voto electoral.

Destacó su esperanza de que el pueblo brasileño, las fuerzas políticas de izquierda y los movimientos sociales rechacen el golpe y se opongan a cualquier intento de desmantelar los programas sociales desarrollados por el gobierno del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y luego por el de Rousseff (2011 a la fecha), que, añadió, cambiaron la vida de decenas de millones de personas en ese país.

El mandatario de Bolivia, Evo Morales, expresó en su cuenta de Twitter: “Hermana Presidenta @dilmabr sentimos la misma indignación que usted y su pueblo frente al golpe congresal y judicial.

Los pueblos humildes condenamos el atentado contra la democracia y la estabilidad económica del Brasil y la región, escribió en su cuenta @evoespueblo.

En el mismo sentido se expresó el gobierno de Venezuela, al declarar su rechazo categórico a lo que consideró un golpe de Estado parlamentario que mediante farsas jurídicas de las cúpulas oligárquicas y fuerzas imperiales pretenden el derrocamiento de la presidenta Dilma Rousseff para sustituir la soberanía popular, poniendo en riesgo la constitución y la democracia.

El presidente Nicolás Maduro aseguró que la suspensión de Rousseff es un golpe de Estado que tiene factura made in USA, para acabar con los gobiernos progresistas de la región.

Advirtió que después del proceso contra Rousseff vendrán contra Venezuela.

En Pretoria, donde concluyó una visita, el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, advirtió que la hipótesis de un plan para debilitar a los países del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) cobra fuerza tras conocerse que finalmente Rousseff será sometida a un juicio político.

En Argentina, organismos humanitarios, políticos, sociales y estudiantiles se solidarizaron con Rousseff y rechazaron el golpe de Estado en Brasil, al tiempo que repudiaron el inmediato reconocimiento del gobierno del presidente Mauricio Macri, quien dio su apoyo al institucionalismo de ese proceso y dijo que seguirá contribuyendo con las nuevas autoridades, refirió Stella Calloni, corresponsal de La Jornada.

El gobierno del presidente de Ecuador, Rafael Correa, también expresó en un comunicado su respaldo al gobierno constitucional de la presidenta Rousseff, legítima depositaria del mandato popular expresado en las últimas elecciones democráticas, y contra la que no pesa, hasta el momento, una sola imputación que la vincule con la comisión de un delito común.

El canciller ecuatoriano, Guillaume Long, destacó que la judicialización de la política también conlleva la politización de la justicia en una suerte de espiral absolutamente nefasta tanto para la democracia como para el estado de derecho.

Chile consideró que la democracia brasileña es sólida, y reafirmó su respaldo al estado de derecho, los procesos constitucionales y las instituciones democráticas de Brasil. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, quien está de gira por Europa, expresó su preocupación por los sucesos en esa nación hermana, que han generado incertidumbre a nivel internacional, reportó Enrique Gutiérrez, corresponsal de La Jornada.

Desde Londres, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, declaró: nos duele mucho lo que está sucediendo, e hizo votos para que se preserve la institucionalidad democrática. La cancillería colombiana expresó: la estabilidad en Brasil es muy importante para toda la región por su influencia y liderazgo.

Los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua, así como partidos políticos de El Salvador y Bolivia, también se solidarizaron con Rousseff.

Para Ernesto Samper, secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), la suspensión de la mandataria abre preocupantes interrogantes sobre el estado de derecho y deja en evidencia la existencia de poderes fácticos en Latinoamérica que comprometen la gobernabilidad democrática.

Para nadie es un misterio el peso que tiene Brasil en la región y estas circunstancias de inestabilidad podrían trasladarse de manera peligrosa a toda el área, dijo Samper en la sede de Unasur, en Quito.

El gobierno de Paraguay expresó que respeta la decisión institucional del Congreso de Brasil.