espués de repetir hasta el hartazgo durante tres años la inminencia de una reforma para degradar a mínimo el derecho constitucional a la salud –complementado con seguros privados– que nunca se materializó, en octubre de 2015, la entonces titular del ramo, Mercedes Juan, descubrió que los pacientes sufren: Necesitamos ponernos en sus zapatos; es un ser humano que está sufriendo una enfermedad y requiere atención médica de calidad.

Tres largos años de amagos para incorporar estratégicamente al sector asegurador e intentar consolidar la competencia en el primer nivel, ampliando subrogaciones e integrando estructuralmente, las asociaciones público-privadas, la tardía aparición del pacientes, llegó acompañada de una manzana envenenada: la Comisión Federal para la Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica. La Ssa, aseguró entonces Mercedes Juan, tiene una propuesta para su creación, de 70 millones de pesos asignados en el presupuesto 2016.

Como la gran demanda, la atención en el sistema de salud se ha vuelto mecánica y deshumanizada, Mercedes Juan pretendía implementar una cultura de calidad en cada una de las personas que atienden a esos sufridos pacientes. ¿Cómo? Por conducto de una comisión que trasladará ahora la responsabilidad de autoridad sanitaria a los prestadores directos: médicos, enfermeras y profesiones afines. La Ssa de Peña diluiría así su obligación constitucional de recargarla, ahora, en las negligencias que ya no serán atribuidas al lamentable estado de la red sanitaria nacional, sino a cada una de esas personas profesionales que atienden.

Finalmente, la iniciativa presidencial para integrar esa comisión llegó a la Cámara de Diputados (Gaceta Parlamentarias, 28/4/16). Sus repercusiones son claras: mientras el personal del frente operativo atiende el acto médico con aquel conjunto de acciones que recibe el paciente y que buscan protección, promoción y restauración de su estado de salud, mediante la labor de los profesionales sanitarios, la comisión que incluye la iniciativa presidencial pretende responsabilizarlos y sancionarlos diluyendo las deficiencias estructurales del sistema que Peña esquivó atender ofertando, a cambio, una demagógica seguridad social universal que absolutamente nadie le requirió.

Al incumplir el Estado mexicano con su obligación constitucional de garantizar las condiciones óptimas para la celebración del acto médico y la debida atención con la calidad a la que invoca la comisión, su simple presencia transferiría de facto a las profesiones sanitarias prestadoras, las implicaciones de un sistema incapaz de atender las necesidades reales de la ciudadanía.

En los hechos, el establecimiento de semejante comisión implicaría tratar de una manera diferente –mucho más enérgica– a los equipos de salud que –ahora bajo la figura de prestadores– brindan los servicios; manera absolutamente diferente, sobre todo si se la compara con el resto de las profesiones. En México no existe ninguna institución similar para las restantes profesiones, cualesquiera que sean sus actividades. Toda profesión debería contar con el derecho garantizado para que sólo sus respectivos pares pudieran evaluar sus tareas y que lo hicieran, además, en términos de igualdad, no juzgarlos desde una métrica emergente diseñada como precepto abiertamente discriminatorio.

Un riesgo extra se materializa desde que Eduardo González Pier –entonces subsecretario de la Ssa–, identificó las garantías explícitas de salud (o paquetes básicos mínimos), con las racionadas intervenciones establecidas por el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (285), el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (59) y el Seguro Médico Siglo XXI, del Seguro Popular (131), y que, desde ahí, desde esa rudimentaria base, pretendió establecer estándares de calidad y tiempos máximos de espera con miras a universalizar a la baja.

Este racionamiento tecnocrático, vía paquetes portables de carencias, reaparece en el apenas firmado acuerdo nacional hacia la universalización de los servicios de salud (7.4.16), que universaliza interinstitucionalmente (IMSS-Issste-Ssa) apenas 14 intervenciones acotadas.

Constituiría un grave error dejar la salud de los mexicanos en manos de quienes confinan el amplio y complejo proceso que construye salud, que puede derivar en enfermedad, en un sistema cimentado sólo en esos paquetes mínimos y armados –sin legitimidad alguna– con intervenciones básicas.

La participación complementaria del sector asegurador privado conformaría así, un nuevo universo de prestadores público-privados, ahora responsables de la totalidad del proceso de atención, sus estándares y su calidad.

La Comisión-Peña quiere garantizar la calidad vigilando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables para el ejercicio de los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud en la prestación de los servicios respectivos, acreditando la calidad de los servicios prestados en los establecimientos para la atención médica y ejerciendo las atribuciones que las disposiciones jurídicas confieren a la Secretaría de Salud respecto de las instituciones de seguros autorizadas para operar el ramo, entre otras.

¿Cómo hacerlo, cuando, según la Evaluación de Centros de Salud (UNAM, 2014), las propias unidades de reciente operación en Ssa distan de cumplir la calidad ofrecida? Ninguna cuenta con la totalidad de áreas que por norma deberían tener. Además, registran desabasto, falta de personal, de instrumentos-equipo de laboratorio, mastógrafos, así como funcionamiento inadecuado de urgencias.

La calidad que ofrece la Comisión-Peña representa un severo atentado contra las profesiones y, en esa misma medida, a la seguridad sanitaria de los usuarios de la red, atendidos precisamente por esos profesionales, a quienes ahora Peña pretende responsabilizar de una obligación constitucional que le corresponde y no puede delegar. La calidad que merecen los mexicanos no se gana a costa de sancionar nobles profesiones. ¡No!

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco