Una tercera parte de la población mexicana acepta o legitima la utilización de la práctica de la tortura, incluso como ‘‘castigo’’, en los supuestos delitos de violación, secuestro, extorsión y los relacionados con el narcotráfico. Además, identifica a los elementos policiales, agentes del Ministerio Público y miembros de las fuerzas armadas –en ese orden– como los principales agentes torturadores.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de la Percepción de la Población sobre la Práctica de la Tortura, realizado por la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (Ceav), también una tercera parte de la población teme ser víctima de tortura si se es detenido, desapareciendo la barrera entre considerar que solamente a otras personas imputadas les puede ocurrir tal hecho.

‘‘La baja confianza que señalan las y los entrevistados acerca de no ser torturados si son detenidos es indicativa de lo habitual que puede ser dicha práctica con una percepción negativa de las instituciones de seguridad y de procuración de justicia’’, dice el referido diagnóstico.

Además, se señala que desde la percepción de la población, la práctica de la tortura se da por la corrupción de las autoridades, malas prácticas de las policías, falta de castigo a las autoridades, inexistente capacitación de la policía, y que no es fácil probar los hechos relacionados con este delito.

El diagnóstico de la Ceav, elaborado en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se basó en la aplicación de encuestas a mil 200 personas de 15 años o más, residentes en diversas poblaciones urbanas del país, mediante una selección de una muestra representativa a escala nacional con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con aplicación de los más altos estándares de confiabilidad.

Del muestreo, también se encontró que para la mayoría de las y los entrevistados la tortura es igual o más grave que los delitos de homicidio, violación, fraude, secuestro y robo con violencia.

En otro de los resultados señala que la población estaría muy poco o nada dispuesta a ver restringidos sus derechos en aras de obtener mayor seguridad. Así, rechazaron medidas como el retiro de documentos y propiedades, detención indefinida o investigaciones en su domicilio sin orden judicial, no poder reunirse con otras personas o ‘‘toque de queda’’, con tal de resolver el problema de inseguridad en su comunidad.

Sin embargo, el diagnóstico señala que todas estas opciones en las preguntas representan un corte directo de los derechos del propio entrevistado, pero mostraron mayor accesibilidad ante la posibilidad de ‘‘impedir que un periodista critique al gobierno’’.

De esta forma, el análisis estima que cuando las restricciones, suspensiones o vulneraciones en los derechos humanos son sobre ‘‘otros’’, la defensa democrática de las garantías, por las y los entrevistados, no es tan generalizada como cuando es ella o él quien sería el directamente afectado.

La aceptación de la tortura también se da cuando está de por medio obtener información para proteger a la población de un riesgo inminente. Casi una tercera parte está de acuerdo en este caso.