La conservación de la naturaleza en México, en peligro de extinción

Foto: Yaxkin Restrepo

Oscar Moctezuma O.
Naturalia, AC
Correo-e: [email protected]

El reto de recuperar y preservar la biodiversidad mexicana es enorme y complejo, pero la realidad es que la conservación de la naturaleza en México es un movimiento en declive. La batalla se está perdiendo por muchas razones, pero sobresalen dos motivos: 1) la falta de voluntad política y compromiso de los últimos gobiernos federales para fortalecer las acciones de conservación y, 2) el debilitamiento del sector social conservacionista que ha preferido “acomodarse” a las circunstancias en turno, perdiendo la fuerza que antes lo caracterizaba y que le permitió en el pasado presionar por el incremento o fortalecimiento de las acciones nacionales de conservación.

Si realmente fuera un objetivo nacional detener la extinción de miles de especies, la desaparición de ecosistemas de importancia vital y las negativas consecuencias que esto traerá a los mexicanos, la conservación de la biodiversidad debería ser un proceso en crecimiento y expansión constante.

A México se le identifica como uno de los países megadiversos del planeta por su gran riqueza de especies y ecosistemas silvestres. Este enorme patrimonio natural y social está bien documentado. Por ejemplo, contamos con aproximadamente 5 mil 488 especies de vertebrados, de los cuales, el 27 por ciento (mil 483 especies) se encuentran catalogadas dentro de la Norma Oficial Mexicana 059 de Especies en Riesgo (NOM 059), ya sea por estar extintas en México o bajo alguna de las categorías de amenaza contempladas en esa lista oficial.

El nivel de amenaza de extinción que enfrentan nuestras especies nos ha valido el nada grato reconocimiento de ser una de las cinco naciones del mundo que está perdiendo más rápidamente su biodiversidad.

La percepción generalizada de los conservacionistas es que México es, mayormente, un país empobrecido en su biodiversidad y que sufre un intenso y continuo proceso de pérdida de especies y superficie de sus ecosistemas. Aunque existen sitios notables donde la fauna prospera y es abundante en un entorno natural bien protegido y conservado, estos casos son más bien una excepción a la norma general.

Lo que se ve en la mayor parte del país son tierras degradadas, ecosistemas destruidos y fauna muy escasa o inexistente. Se ha acuñado el término “defaunación” para referirse al proceso por el cual se ha perdido la presencia de los animales más grandes en una región. La mayor parte de las regiones del país sufren precisamente este proceso. Esto es una verdadera crisis que se convierte también en una amenaza a la supervivencia de los mexicanos. Lamentablemente, es una realidad muy pobremente atendida desde la sociedad y el gobierno.

Hace algunos años, cuando comenzó a consolidarse el movimiento mexicano de conservación, se dieron avances muy significativos que parecían predecir una atención continua y adecuada al problema de pérdida de la biodiversidad nacional. Por primera vez en la historia del país se elevó la atención gubernamental hacia los problemas ambientales, buscando corregir las políticas públicas que propiciaron el deterioro ambiental, por medio de la creación de nuevos instrumentos, políticas y estructuras. Avanzamos así, finalmente, hacia la creación, el 28 de diciembre de 1994, de una secretaría de Estado propia del ramo ambiental: la Semarnap (Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca), hoy Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales).

Este impulso fue inédito y marcó un parteaguas en la lucha ambiental. Los primeros pasos, durante solo seis años que duró la primera administración de la Semarnap, contrastaron con la casi nula atención gubernamental previa y se sintieron avasalladores.

¿Pero qué hizo que la maestra Julia Carabias, primera secretaria de Medio Ambiente de México, lograra tanto avance en la atención a la agenda ambiental en una sola administración? La respuesta a esta pregunta es relevante pues identifica condiciones mínimas indispensables que hasta la fecha no se han vuelto a cumplir en cuanto a la atención de la agenda ambiental nacional.

En primer lugar, la maestra Carabias no era una política, sino una especialista en el tema, con inteligencia, carisma y amplia experiencia y trayectoria como para entender la necesidad de cambios de fondo requeridos al más alto nivel y para dedicar por primera vez una atención seria a la problemática ambiental del país.

En segundo lugar, contó con el más alto respaldo, producto del entendimiento y compromiso del presidente Ernesto Zedillo, que comprendió que no había tiempo que perder y que los cambios debían avanzar hacia resultados contundentes de mejoramiento ambiental; por ello, entendió que la responsabilidad de la conducción de la recién creada Semarnap, no podía ser ya parte de un reparto de cuotas políticas. Así lo decidió al nombrar y mantener a lo largo de todo el sexenio a la maestra Carabias.

En tercer lugar, tanto el presidente Zedillo como la secretaria Carabias estaban conscientes de que la magnitud de la crisis ambiental requería para su atención de la participación de toda la sociedad, por lo que establecieron una serie de políticas para inducir la participación de todos los sectores de sociedad y del gobierno en la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales. Se crearon y operaron diversos espacios que en la Semarnat actual han perdido importancia y relevancia.

Existen, afortunadamente, una serie de aciertos en cuanto a las políticas e instrumentos para la conservación de la biodiversidad nacional, que surgieron en la original Semarnap y que hasta hoy se mantienen, aunque sin los ajustes y el fortalecimiento que con el paso de los años era urgente realizar.

El más relevante es el Sistema de Áreas Naturales Protegidas (conocidas como ANP), que constituye el principal instrumento de la política ambiental de conservación y el más consolidado de México para la preservación de la biodiversidad.

Para administrar este sistema (denominado SINAP), se creó hace 16 años la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que se encarga de las 177 ANP federales que cubren cerca de 26 millones de hectáreas.

La creación y consolidación del SINAP y de la Conanp sin duda es un acierto que ha permitido enfrentar los procesos de deterioro en muchas regiones del país, pero la efectividad conseguida hasta ahora dista mucho de ser la requerida, por diversos factores que no se previeron o atendieron en forma suficiente.

Uno de estos factores es la propiedad de la tierra dentro de las ANP. México es de los pocos países en el mundo donde los terrenos de las reservas y parques nacionales no pertenecen a la nación, sino que tiene dueños privados, ya sean ejidos, comunidades o pequeños propietarios. En la práctica, se ha visto que éste es un elemento que genera grandes obstáculos para el correcto manejo y protección de las ANP.

Otro factor limitante son los recursos disponibles para el trabajo de la Conanp. Durante 2014 y 2015, contó con un presupuesto anual de fondos federales cercano a los mil 200 millones de pesos, lo que equivale en promedio a unos tres dólares invertidos por hectárea para la protección de las ANP. El presupuesto del 2016 ha sufrido un recorte muy significativo de casi 140 millones de pesos, lo que ha ocasionado la reducción del personal de Conanp y de importantes recursos en muchos de sus programas. Aunque muy buena parte del personal de Conanp que labora directamente en la protección y manejo de las ANP realiza un trabajo admirable y comprometido, es evidente que su capacidad operativa es insuficiente con este presupuesto. Al respecto, no sobra compararlo con dos países, como se detalla en la siguiente tabla:

Otro instrumento que el gobierno federal creó en 1997 para lograr la conservación de la biodiversidad, aunque ha tenido un desempeño muy pobre en comparación con la ANP, son las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (conocidas como UMA).

En general, la idea detrás de su funcionamiento es simple: el propietario de un terreno tiene derecho a hacer uso de la vida silvestre presente en él (con previo consentimiento de la autoridad ambiental) siempre y cuando garantice que dicha utilización o explotación no pone en riesgo la permanencia de las especies que viven en el ecosistema. Así, existen diversas actividades que se pueden realizar en una UMA: observar la naturaleza, cultivar plantas, criar animales para su venta o permitir que se practique la caza.

Teóricamente, al tiempo que las UMA protegen especies silvestres útiles, también ayudan a proteger ecosistemas, pues para asegurar el buen estado de la vida silvestre que habita en sus terrenos, los dueños procurarán que los ecosistemas estén bien conservados para que los animales que les interesan sigan visitándolos o reproduciéndose en ellos; o las plantas sigan creciendo y multiplicándose. Así evitan cambiar a otros usos del suelo (como a tierras agrícolas o ganaderas) y cualquier actividad que degrade estos ecosistemas.

Hasta 2011 se tenían registradas 10 mil 855 UMA y una superficie acumulada de 36.1 millones de hectáreas, alrededor del 17 por ciento del territorio nacional. Estas cifras debieran sugerir un proceso de recuperación de la biodiversidad notable a nivel nacional, pero la realidad es que no es así.

Aunque el fundamento de diseño de las UMA es correcto considerando la realidad del campo mexicano y la capacidad gubernamental real para proteger la biodiversidad, al paso del tiempo ha evidenciado debilidades que no permiten confiar en que se está cumpliendo el propósito para el cual se crearon.

Hoy las UMA se encuentran muy desatendidas y casi sin supervisión debido a que la capacidad de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), instancia responsable de su manejo y supervisión, se mantiene muy limitada en la Semarnat. Por ello, no se conoce con exactitud la localización o superficie de muchas de ellas y las tasas de aprovechamiento que se les otorga muchas veces se determinan en función de lo que los propietarios o técnicos solicitan.

En un país donde la deshonestidad es deporte nacional, esto ha creado un proceso de “lavado” de fauna y flora, pues las autoridades dan permisos de comercialización a las UMA conforme a lo que reportan como su “producción”, siendo que muchas veces esas cifras se inflan o corresponden a ejemplares extraídos sin control directamente de poblaciones silvestres. Con esta situación, no conocemos el beneficio real de las UMA para la conservación y hemos abierto la puerta a un daño legalizado a la biodiversidad.

Considerando que la “producción” de las UMA surte buena parte de los animales y plantas que se venden en tiendas de mascotas y viveros establecidos, son muy altas las probabilidades de que dicha comercialización esté surtiendo un mercado negro legalizado.

Como estrategia complementaria a las UMA, en la Semarnap se establecieron los Programas de Conservación y Recuperación de Especies Prioritarias (PREP), que ayudarían a recuperar y manejar especies amenazadas, con cuya recuperación se promovería protección a muchas otras especies silvestres.

Ante una realidad de recursos y capacidades muy limitados para la conservación en México, este programa ofrecía la posibilidad real de alinear en una sola dirección los esfuerzos, tanto del gobierno como de la sociedad civil, para maximizar las inversiones y esfuerzos hacia un propósito común. Se llegó incluso a formalizar esta colaboración mediante la creación, en el año de 1999, del Comité Técnico Consultivo Nacional para la Recuperación de Especies Prioritarias, que se convertiría en un invaluable espacio de participación social en los temas de conservación para fortalecer la capacidad del gobierno mexicano.

Este comité integró a muchos especialistas, investigadores y conservacionistas que contaban con experiencia en el conocimiento, manejo y conservación de las especies nacionales. El comité trabajaba en grupos enfocados en atender los casos de especies particulares o grupos de especies, emitiendo recomendaciones a la Semarnap respecto a tasas de aprovechamiento a otorgar en las UMA, acciones para la recuperación de especies amenazadas y proyectos de investigación requeridos para su conservación. Aunque tardó varios años en organizarse y consolidarse, el comité finalmente adquirió su propia dinámica y logró establecer un trabajo coordinado, que empezó a dar resultados importantes en la atención a algunos de los casos de las especies más amenazadas en México.

Lamentablemente, en el año 2004 este espacio de colaboración se perdió cuando el entonces secretario de Semarnat, Alberto Cárdenas, decidió crear la Coordinación Nacional de Especies Prioritarias para la Conservación, dentro de la Conanp, dividiendo así las atribuciones y responsabilidades en materia de conservación de estas especies, que hasta entonces se habían mantenido en la DGVS.

El origen de esta decisión nada tuvo que ver con el objetivo de conservación, pero dejó en la indefinición e inoperancia al Comité Técnico Consultivo Nacional para la Recuperación de Especies Prioritarias. Durante el sexenio de Felipe Calderón y con la Semarnat bajo el mando de Juan Elvira, se buscó revivirlo creando un nuevo ente denominado Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (Conavis), el cual nunca ha funcionado.

Uno de los absurdos de haber creado este consejo, es que por ley se coordina con la DGVS, pero los proyectos de recuperación de especies prioritarias se manejan en la Conanp, con quien no se coordina legalmente. En esta forma, lo que se creó fue un coto de poder en la Conanp, desde el cual se decidió durante muchos años de manera discrecional y caprichosa, cómo, quién, dónde y cuándo se participaba en la conservación de las llamadas “especies prioritarias”. Recientemente fue designado un nuevo titular de esa área y el panorama afortunadamente ha mejorado notablemente.

Con este nuevo cambio se ha logrado terminar con el enfrentamiento entre la Conanp y la DGVS por el control de los temas y presupuestos relacionados con la recuperación de especies prioritarias. Ese “jaloneo” incluso propició en muchas ocasiones la disminución de las especies que supuestamente se busca conservar.

244 especies han sido definidas como “prioritarias” por la Semarnat, que publicó en 2014 la lista en el Diario Oficial de la Federación. Las metas que contemplan tanto la DGVS como la Conanp para atender la magnitud de la crisis de extinción de las especies nacionales son muy pobres en comparación a lo que esta crisis requiere. Llega, cuando mucho, a atender los casos de 60 de las especies identificadas en la lista publicada.

Como último eslabón en la cadena de desaciertos en la política ambiental se encuentra la funcionalidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la instancia gubernamental responsable de asegurar la aplicación de las leyes en materia ambiental y sancionar los delitos ambientales.

Su creación obedeció a una necesidad clara de contar con un órgano independiente de aplicación de la legislación ambiental. Pero en materia de conservación y protección a la biodiversidad, la Profepa es completamente ineficaz. No cuenta con presupuestos, atribuciones y capacidad real que le permita vigilar el cumplimiento de la ley ambiental, previniendo y castigando los delitos en esta materia. No ha contribuido a la vigilancia de las ANP y muy poco a cuidar que la operación de las UMA, el comercio de especies o su protección sean reales en México. ¿De que nos sirve una instancia así en materia de conservación de la biodiversidad? Absolutamente de nada.

No hay tiempo que perder; cada día que pasa sin acciones decididas para la conservación de la biodiversidad disminuye nuestra capacidad futura de supervivencia. El gobierno federal debe revisar con mucha responsabilidad su papel en esta materia y revitalizar este movimiento nacional que es indispensable para evitar la extinción irremediable de tantas especies amenazadas.

Para terminar de agravar la situación hay que señalar que la inseguridad y violencia que se han apoderado de muchas regiones del país afectan considerablemente el trabajo de conservación en campo. Se siguen acumulando casos de guarda-parques, biólogos y técnicos que han perdido la vida en el transcurso de sus investigaciones o trabajos en regiones donde no impera la ley, lo que es otro factor que desalienta esta labor tan urgente.

Con este panorama tan poco alentador, todo apunta a que la conservación de la biodiversidad es un movimiento que se encuentra ya en peligro de extinción.

Foto: Itzá Restrepo