Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada panista en el Congreso de Sinaloa, envió a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados un primer documento de 64 fojas con sus argumentos para intentar desvanecer la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR), que la señala de haber incurrido en el delito de uso de documentación falsa con el propósito de reunirse con Joaquín El Chapo Guzmán Loera en el penal federal de El Altiplano, en abril de 2014.

En el último día del plazo legal para responder al requerimiento procesal, el abogado defensor de la diputada, Rubén Antonio Tamayo –quien representó al otorrinolaringólogo Jaime Godoy Snight, que intervino en cuatro ocasiones a Amado Carrillo y fue asesinado junto a los dos médicos que le asistieron cuando el capo del narcotráfico falleció en 1997, y también llevó la defensa de Mario Murguía, quien firmaba como Matarili, señalado por la PGR de estar incluido en una lista de narcoperiodistas en 1993–, acudió a San Lázaro para hacer entrega de los argumentos en favor de su clienta.

A partir de haberse cubierto la obligación de Lucero Sánchez, la Sección Instructura, que encabeza el diputado priísta Ricardo Ramírez Nieto, elaborará el lunes próximo un acuerdo en que señala haber recibido los alegatos de la PGR y de la acusada, iniciándose la ruta procesal del juicio de procedencia, que se extenderá 30 días.

En los primeros 10, las partes se acreditarán ante la Sección Instructora y aportarán más puebas que confirmen o desvanezcan los señalamientos para emprender o desestimar el desafuero. Los 20 días posteriores, esa instancia legislativa los ocupara en el análisis de la documentación proporcionada y en la elaboración de un dictamen, a presentarse en el pleno cameral.

Mientras el abogado Rubén Antonio Tamayo sostuvo que el señalamiento contra su clienta tiene tintes políticos, el diputado Ramírez Nieto negó la existencia de consigna alguna para retirarle el fuero a Lucero Sánchez.

Además, el plazo de un mes para recibir y procesar la información podría rebasar el actual periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, lo cual implicaría la convocatoria a un periodo extraordinario para dar trámite al juicio de procedencia y probable desafuero de la legisladora sinaloense.

Ayer al mediodía el abogado Tamayo se presentó en la oficina de la Subcomisión de Examen Previo, que cedió tempralmente su espacio a la Sección Instructora. Después de la diligencia de entregga del legajo de documentos, expuso: “Con las pruebas que vamos a aportar, demostraremos que ella no tiene porque ser responsable, y en el juicio de procedencia pues igualmente tendrá que declararse que no ha lugar… ella no tiene responsabilidad respecto del delito que se le trata de juzgar”.

Rubén Tamayo, abogado de la panista Lucero Sánchez, entregó un documento a la Cámara de DiputadosFoto Francisco Olvera

–¿Es un proceso con tintes políticos? –se le preguntó.

–Pues miren, estoy en la Cámara de Diputados, yo creo que hay algo de política aquí. El tinte político pues tal vez lo haya. Sabemos, por voces de varias personas, que hay muchas solicitudes de juicio de desafuero –antes del Sánchez López hay más de 300–, y pues éste está siguiendo un paso muy acelerado, no sabemos por qué razón, pero vamos a hacerle frente.

–Usted comentaba en algún momento que este delito, si bien es de orden federal, no es grave, y que por eso no procedía el juicio de procedencia ¿Sostiene esto?

–Claro, no es un delito grave. Al no serlo, no tendría que haber un juicio de procedencia, y lo que vamos nosotros a desahogar, pues lo haremos de acuerdo con lo que la ley prevé; sin embargo, les reitero, no es un delito grave para que pudiera tener que iniciarse un juicio de procedencia como éste.

El presidente de la Sección Instructora, Ricardo Ramírez, replicó al abogado: “el tema no pasa por ese lado, no pasa por que si sea un delito grave o no. Aquí estamos en presencia de una conducta que se está investigando para ver si es susceptible de quitar la inmunidad y pueda, en consecuencia, el Ministerio Público Federal ejercitar su acción penal, con total independencia de que estemos en presencia de un delito grave o no.

Es un requisito procesal, de procedibilidad, para poder dar el siguiente paso y quitar la inmunidad; de lo contrario, no se puede ejercitar la acción penal mientras esté dotada del fuero constitucional. Así es que no pasa por el tema de si es delito grave o no.

–¿Procede el desafuero?

–Por supuesto, con total independencia de que no sea un delito grave.

–Se ha mencionado mucho que hay consigna para poder procesar a la diputada, ¿Hay consigna o no desde la Cámara de Diputados para poder enjuiciarla?

–No, de ninguna manera; aquí lo único que a nosotros como Sección Instructora fue que la Secretaría General de la Cámara nos turnó un expediente, una averiguación previa que, a su vez, presentó la Procuraduría General de la República, solicitando el desafuero. Nosotros tenemos la obligación de hacer un estudio jurisdiccional, objetivo, y resolver lo que en derecho proceda –concluyó.