Después de año y medio de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, gobierno, organismos civiles y familiares de las víctimas darán un primer paso hacia la reparación del daño. En principio, según información recabada, se hará un estudio ‘‘sicosocial’’ de los familiares.

El tema es uno de los más delicados y sensibles en la relación entre padres y madres de los jóvenes y el gobierno, porque ambos están de acuerdo en que el proceso de búsqueda de los desaparecidos sigue en marcha, así como la investigación para el esclarecimiento total de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Consultado al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Campa Cifrián, confirmó que se trata ‘‘sólo de un estudio sicosocial’’, previo al diseño de un programa integral de reparación.

Para dar este paso, dijo, contribuyó de manera notable la participación, asesoría e intervención de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado mediante un acuerdo de asistencia técnica entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo de los especialistas es la búsqueda con vida de los estudiantes desaparecidos, la investigación penal y la atención a las víctimas.

Campa Cifrián subrayó que el estudio sicosocial es ‘‘un elemento previo’’ a los trabajos para la reparación del daño.Después de los hechos de Iguala hubo algunos intentos de definir este tema, pero las autoridades recibieron el reclamo de que primero había que esclarecer el paradero de los jóvenes, antes de pensar en una reparación.

‘‘Es un avance en el que ha tenido un papel muy importante el GIEI; el estudio sicosocial se aplicará a las familias y para ello se trabaja en la estructura y metodología a fin de que haya un convenio en el que se precisen los detalles y la forma de proceder a ello de manera profesional, respetuosa e integral’’, dijo en entrevista.

En noviembre de 2014, apenas dos meses después de la desaparición de los 43 normalistas, el gobierno esbozó una propuesta de reparación, la cual no prosperó. En ésta se señalaba: ‘‘En consenso con las víctimas y sus representantes, y en el momento en que éstas lo consideren oportuno, el Estado garantizará el cumplimiento de sus obligaciones en materia de reparación del daño a través de una compensación que cumpla los estándares internacionales en la materia’’. (La Jornada, 7 /11 /14).

Campa fue entrevistado vía telefónica al término de la mesa social para las microrregiones Chimalapas, Triqui y Sierra Sur de Oaxaca, como parte de las acciones para el desarrollo que buscan abatir la pobreza y el rezago social de esta zona de 447 localidades, donde viven 117 mil personas. Dijo que con la estrategia se busca continuar con una forma de trabajo que atienda la situación de cada región y abatir la desigualdad.