Querétaro, Qro.

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) anunció que solicitará ante un juzgado federal un amparo contra el laudo que el martes emitió la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y la obliga a atender todas las demandas del Sindicato de Trabajadores y Empleados (Steuaq), anunciaron el rector de la casa de estudios, Gilberto Herrera Ruiz, y el abogado general, Óscar Guerra Becerra.

Según el laudo, la UAQ tendrá que cumplir las 29 demandas acumuladas en los pliegos petitorios de los dos emplazamientos a huelga (el de agosto pasado no procedió, mientras la anunciada para diciembre comenzó el 4 de marzo), lo que haría a la casa de estudios financieramente inviable, pues representan 930 millones de pesos al año, adicionales al presupuesto ordinario, indicó el rector Herrera Ruiz.

Entre esos puntos destaca un incremento salarial de 10 por ciento; aumento de la despensa navideña de 150 a 300 pesos; ayuda para transporte de 9 a 11 por ciento; gastos domésticos de 3.90 a 10 pesos en salario tabulado; aumento de 12 mil 500 a 23 mil pesos en gastos administrativos del Steuaq; la creación de una cláusula para pagar incentivos por puntualidad equivalentes a tres días de salario y condonar de todo cobro por estudios al cónyuge, hijos, hermanos y demás familiares que dependan del empleado.

Tales beneficios tendrán que hacerse extensivos a los trabajadores afiliados al sindicato de académicos que, junto con los administrativos, suman aproximadamente 5 mil empleados.

El abogado de la UAQ, Óscar Guerra Becerra, calificó de inédita la decisión de la JLCA de emitir un laudo sin que las partes llegaran a un acuerdo y sin escuchar a la representación legal universitaria. El laudo, añadió, fue irregular, pues la UAQ no fue notificada sobre la petición del sindicato del juicio de improcedencia (que interpuso ante la JLCA) para que la UAQ preparara su defensa legal.

Esto es la consumación de la intromisión gubernamental en la vida interna de la universidad y confirma la voluntad del Ejecutivo del estado de vulnerar la autonomía que le reconoce la Constitución del estado a nuestra casa de estudios.

Luego de quitar las banderas rojinegras de las instalaciones universitarias, la propia secretaria general del Steuaq, Laura Leyva Saavedra, señaló que el conflicto no era por cuestiones económicas, sino por violaciones al contrato colectivo de trabajo (CCT).

Leyva fue despedida en noviembre pasado por no comprobar gastos por más de 2 millones de pesos en la fiesta de aniversario del sindicato. Entonces la rectoría retuvo las cuotas sindicales y esta fue la principal queja del Steuaq.

La semana pasada el rector y el abogado universitario advirtieron que la administración del panista Francisco Domínguez Servién pretende controlar la UAQ.

El rector denunció que agentes de la Secretaría de Gobierno solicitaron en diciembre pasado a un profesor que integrara grupos de choque para desestabilizar la rectoría. En una carta firmada por directores de facultades solicitaron una explicación al gobernador y le recordaron que no cumplió su promesa de campaña de incrementar 10 por ciento el presupuesto de la institución.

Herrera Ruiz recordó que la rectoría buscó declarar improcedente la huelga porque en el campus Concá, en el municipio de Arroyo Seco, no se colocaron las banderas rojinegras. En un video, el rector mostró que el campus estaba abierto y un notario dio fe de la irregularidad, pero la JLCA argumentó que uno de sus inspectores reportó lo contrario y convalidó la huelga.

Durante el paro, el secretario de Educación estatal, Alfredo Botello Montes, declaró que la huelga podría ocasionar un recorte presupuestal a la casa de estudios.

El rector convocó a una manifestación en defensa de la autonomía el lunes 21 de marzo en la plaza de armas, donde se encuentra la sede del Ejecutivo estatal. Egresado de la UAQ, el gobernador convocó a la comunidad universitaria a no realizar la concentración y a solucionar la huelga por medio del diálogo.

El abogado general reiteró la invitación al gobernador para que se presente a la sesión extraordinaria del consejo universitario el 7 de abril, a fin de que explique la presunta intención de recortar el presupuesto y la intromisión en la vida universitaria, pero no ha tenido respuesta.