En Tlaxcala más de 20 municipios integran el corredor de la trata. En los últimos seis años se han denunciado ante la Procuraduría General de Justicia 185 casos de desaparición de mujeres y niñas que podrían estar en manos de bandas que las explotan sexualmente. Sin embargo, 69 por ciento de los casos se quedan en acta circunstanciada, en meros reportes a la autoridad, porque el Ministerio Público local no los investiga, no inicia las averiguaciones previas correspondientes, denunciaron integrantes de organizaciones no gubernamentales.

En ese contexto, Karla Micheel y David Peña, del Grupo de Acción de los Derechos Humanos por la Justicia Social, así como Miriam Pascual, de la Red Retoño AC, y Emilio Muñoz, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan Garcés, dieron a conocer que una muestra de la inacción de las autoridades existe en el caso de una niña de 11 años, llamada Karla Romero Tezmol, quien lleva más de 60 días desaparecida; la Alerta Amber se activó hasta 21 días después de que fue privada de su libertad, a pesar de que el caso fue denunciado ante la procuraduría local desde el 13 de enero.

Los activistas señalaron que a 50 días de que desapareció Karla se realizaron diligencias que han revictimizado a su familia. A su padre lo obligaron a remover montones de tierra en su casa para demostrar que no le había causado daño a la menor. Asimismo, a destiempo llevaron a cabo la búsqueda de la niña con binomios caninos.

La procuradora, Alicia Fragoso Sánchez, asegura que no hay delito que perseguir y que si desapareció en el corredor de la trata, es un caso aislado, afirmó Miriam Pascual.

En ese contexto, más de 100 organizaciones civiles exigen al Congreso de Tlaxcala que lleve a cabo de manera pública la comparecencia de la procuradora estatal, para que informe a los legisladores y víctimas de la situación que priva en torno a los casos de desaparición de personas y de trata de mujeres en la entidad, y no solamente se discuta el caso de Karla.

Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, integrantes de estos grupos civiles aseguraron que en los últimos seis años las autoridades locales solamente han obtenido 12 sentencias condenatorias contra tratantes de personas, y que las familias denuncian cada vez menos, por la inacción del gobierno, señaló Emilio Muñoz, integrante del Centro Fray Julián Garcés.

Asimismo, dijo Muñoz, estos grupos criminales operan en 15 entidades del país y las víctimas son jóvenes mujeres con niveles educativos bajos, pocas oportunidades de desarrollo y laborales, y señaló que no existen bases de datos que muestren la realidad de este fenómeno, porque aunque hay familias identificadas con estas bandas, no hay un solo caso de extinción de dominio y sólo se ha atacado a bandas que son perseguidas en Estados Unidos.