Madrid.

El caso Moreira dio un nuevo giro en España. La policía nacional detuvo, con el amparo de la Audiencia Nacional, al empresario mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano, originario de Coahuila, a quien además se le señala como uno de los operadores financieros para el blanqueo de dinero del cártel de Los Zetas. La investigación comenzada por la Fiscalía Anticorrupción española se centró sobre todo en la figura de Humberto Moreira, ex presidente nacional del PRI, quien tiene abierta una investigación por cuatro delitos: blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos, cohecho y organización criminal.

Con la protección de la jurisdicción del juez José de la Mata y de los fiscales Juan José Rosa y José Grinda, la policía ibérica detuvo y cateó el domicilio en Madrid del empresario coahuilense, propietario de una red de gasolineras en su estado natal y amigo de Moreira. Su nombre, así como el del propio Moreira, llegó hasta la justicia española debido a la investigación abierta en Estados Unidos, en concreto en San Antonio, Texas, donde se encuentra el testigo protegido y supuesto ex socio de Moreira, Rolando González Treviño, también con vínculos al crimen organizado.

La información que se recabe durante el cateo y los testimonios del empresario detenido, también conocido como El Mono Muñoz, podrían dar un giro sustancial en la causa, que todavía sigue abierta, pese a que el juez Santiago Pedraz decidió enviarlo al archivo provisional.

Los fiscales centrarán sus pesquisas en la conexión entre Moreira, el empresario detenido, el testigo protegido y los fondos procedentes del narcotráfico de Los Zetas que podrían haber sido blanqueados en España.

El político priísta residió en Barcelona en 2013, a consecuencia del asesinato de su hijo por un comando del narcotráfico decidió empezar un programa de estudios en la capital catalana. Pero los fiscales y la policía detectaron movimientos de dinero sospechosos y centraron su investigación en 240 mil euros que trianguló a través de sus empresas Unipolares y Espectaculares del Norte y Negocios. Pero sobre todo alertados por la justicia de Estados Unidos de que el político mexicano podría tener nexos con uno de los clanes del narcotráfico más sanguinarios y poderosos del país. A partir de ahí y de varios viajes a Texas para recabar más información sobre sus movimientos y la información que facilitó en su calidad de testigo protegido el propio González Treviño, decidieron estrechar aún más el cerco tanto a Moreira como a todos sus allegados.

Durante este año, Moreira fue vigilado por los servicios de inteligencia españoles y fueron grabadas sus conversaciones telefónicas, que forman parte del sumario (todavía secreto) y en el que según una fuente de la investigación aparecen personajes públicos de México, desde periodistas y dueños de medios de comunicación hasta destacados dirigentes políticos. Moreira viajaba mucho, sobre todo de México a España, pero el pasado 15 de enero fue detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas cuando intentaba abandonar el aeropuerto con su familia.

Moreira fue trasladado entonces a la sede de la Audiencia Nacional, donde se decidió su prisión sin fianza y posterior traslado a la cárcel de alta seguridad de Soto del Real. El político priísta estuvo una semana preso hasta que el juez resolvió dejarlo en libertad, a condición de que no abandonara el país, por lo que le retuvo el pasaporte.

El propio juez decidió esperar el plazo para presentar recurso a su auto, y una vez cumplido resolvió devolverle el pasaporte a Moreira, el pasado 2 de febrero, lo que precipitó su regreso a México, sobre todo al conocer de voz de su abogado, Manuel Ollé, que la causa no estaba archivada de forma definitiva y que se mantenían abiertas varias líneas de investigación, pero la que más interesaba a los fiscales era la de sus presuntos vínculos con el narcotráfico, en general, y con Los Zetas en particular.

Con la detención de El Mono Muñoz se abre precisamente esa vía para encontrar nuevos elementos que permitan probar las tesis de la fiscalía.