Istmeña, 2011, Oaxaca. Foto: Nadja Massün

Gloria Muñoz Ramírez

La lucha contra los megaproyectos que se imponen en los territorios indígenas de Honduras y del resto de América Latina, ha costado muertes, desapariciones, encarcelamientos, secuestros y torturas. Lo que está en juego es la vida misma de las comunidades originarias, por eso lo apuestan todo. Por eso, como la luchadora lenca Berta Cáceres, ponen el cuerpo y el alma para defender sus recursos naturales, tan de ellos como de la humanidad.

Berta Cáceres, hondureña, fue asesinada. Su hija Berta Zúñiga no duda un instante en fincar responsabilidades. “Responsabilizamos a la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), constructora de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en la comunidad de Río Blanco. En reiteradas oportunidades la amenazaron indirecta o directamente, y habían pagado a sicarios en varias oportunidades para asesinarla”. También “al gobierno de Honduras, ya que en el año 2010 dio una cantidad exuberante de concesiones hidroeléctricas y mineras que afectan a todas las comunidades”.

Las imputaciones de Berta Zúñiga y de las organizaciones hondureñas tienen fundamento. Hay constancia de que el pasado 20 de febrero, durante una movilización en contra de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, el vice alcalde de San Francisco de Ojuera, quien colabora con DESA en promover el proyecto, “sentenció a muerte a Berta Cáceres”. Días antes, hombres armados persiguieron a Cáceres cuando iban saliendo de Río Blanco. Y el 25 de febrero, durante el desalojo por parte de la policía y ejército de familias lencas en Jarcia (Guinse, Intibuca) “un elemento de la DGIC hostigaba a Cáceres y le dijo que ellos no respondían si a ella le pasaba algo”. Esto denunció en su oportunidad el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización de la que Berta era coordinadora general.

El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca es una iniciativa de la empresa hondureña DESA. Se proyecta en el río sagrado Gualcarque y, como en todos los emprendimientos que se planean sobre territorios indígenas, la población originaria no fue consultada. “La represa cortará el suministro de agua, alimentos y medicinas para cientos de personas lencas y violan su derecho a gestionar y vivir de sus tierras de forma sostenible”, advirtió el COPINH.

El proyecto Agua Zarca destruiría el cauce natural del río Gualcarque, lugar sagrado para el pueblo lenca, y arrasaría con ecosistemas únicos,  la biodiversidad, la fauna, zonas de producción agrícola,  de alimentos y medicinas naturales.

En diversas entrevistas, la luchadora lenca, asesinada en su domicilio el pasado 3 de marzo, explicó que actualmente el 30 por ciento de la superficie del territorio hondureño está concesionado a empresas mineras, a las cuales se les están creando fuentes de energía barata que alimenten sus operaciones. Es aquí donde entran las represas.

El COPINH ha denunciado que para imponer el proyecto, DESA cuenta con el apoyo de una estructura militar y paramilitar “enmascarada como guardias de seguridad”, además de disponer de la Policía Nacional, “sobre todo la ubicada en la Operación Libertad, comandada desde Tegucigalpa y para la cual han asignado fondos públicos, logística, comunicación, personal policial, así como Policía Militar y Tigres estructurados, financiados y entrenados por los Estados Unidos”.

Ante la resistencia organizada del COPINH, los lenca acusan que DESA diseñó estrategias para quebrar la voluntad del pueblo, sembrar la división e “imponer terror usando todo tipo de estructura represiva”. Se trata, indican, de “hacer creer a la opinión pública nacional e internacional que lo existente es un pleito entre pobres”.

Esto es parte del contexto del asesinato de la dirigente del COPINH, mismo que convocó una multitudinaria protesta internacional y el reclamo de la ONU, de artistas como Leonardo DeCaprio, Mark Ruffalo, Daryll Hanna y Calle 13, de ambientalistas, defensores de derechos humanos, organizaciones y pueblos del mundo.

Berta Cáceres, ganadora del premio Goldman 2015, uno de los más prestigiados del mundo en materia ambiental, más que una activa defensora de los recursos naturales, era una organizadora que ponía el cuerpo y el alma en la defensa del territorio y de la autonomía de su pueblo.

“Hemos venido madurando en nuestros espacios organizativos, y que son la base fundamental de la resistencia, de la construcción colectiva de propuestas alternativas, para que el pueblo hondureño tenga una patria con soberanía, dignidad y autodeterminación, con respeto a los derechos de las mujeres y los jóvenes de las comunidades indígenas”, dijo Berta al periodista Mario Casasús, a quien explicó que lo que se busca es la refundación del país.

El asesinato de Berta se inscribe también en un contexto de criminalización contra los defensores del territorio en Honduras. Después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 se recrudeció la represión contra el pueblo hondureño, y el COPINH no fue la excepción.

Decenas de integrantes de esta organización han sido encarcelados, miles reprimidos con gases lacrimógenos sumamente tóxicos, otros han quedado con fracturas en sus huesos; además, por supuesto, de los indígenas lenca asesinados “de la manera más brutal simplemente por buscar el derecho a vivir en paz, dignidad y justicia”.

Después del asesinato de Berta Cáceres, la criminalización no se ha detenido. Por el contrario, a los integrantes del COPINH les están dando trato de posibles involucrados en la muerte de su compañera, al igual que al ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto, quien se encontraba con Berta cuando la mataron. El coordinador de Otros Mundos Chiapas también fue herido en el ataque, pero el tratamiento que recibe en Honduras es el de sospechoso.

¿Cómo dejar la investigación en manos de quienes son considerados responsables de su asesinato? La familia de Berta responde: “Exigimos que se configure una comisión internacional imparcial para la investigación de este crimen, entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismos internacionales de derechos humanos y los estamentos gubernamentales pertinentes, ante la demostrada falta de objetividad de las investigaciones que se han iniciado en el país”.

Pero la exigencia principal fue y sigue siendo la cancelación inmediata y definitiva de la concesión a DESA sobre el Río Gualcarque, “y que corra libre el río”