El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer la norma que permitía la integración de diputados locales al Consejo Consultivo del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas de San Luis Potosí sin consulta previa a las comunidades y pueblos indígenas de la entidad, la que establecen la Carta Magna y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con el voto en contra de los ministros Eduardo Medina Mora y Javier Laynez Potisek, los ministros consideraron que el artículo 27, párrafo quinto, de la Ley del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que incluía la participación de los legisladores en dicho consejo, afecta directamente a los pueblos indígenas, al ser dicho consejo el órgano representativo de las comunidades, mediante el cual ejercen su derecho a participar en el diseño de políticas públicas que se adoptarán en el Congreso local. Con esto se resolvió la acción de inconstitucionalidad 31/2014, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí.