La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) tiene identificados grupos de golpeadores que con apoyo de abogados, personal de empresas y hasta de la misma junta se dedican a extorsionar empresas mediante la presentación de demandas de titularidad del contrato colectivo de trabajo o emplazamientos a huelga, a cambio de cantidades que van de 50 mil a 3 millones de pesos.

Pablo Franco Hernández, secretario general de asuntos colectivos de la JLCA, señaló que el monto es de acuerdo con el tamaño de la empresa, y después convierten esta práctica en una especie de cobro de piso, similar al que utiliza el crimen organizado, siendo la industria de la construcción la más afectada.

Los Lazcano, Los Godzillas y Los Rambos, quienes se ofrecen a realizar lanzamientos y desalojos, provienen de ciertos barrios de la ciudad, en los cuales adoptan estas conductas como forma de vida, señaló.

La apertura de la información, en aras de la transparencia, permite ahora a cualquier persona conocer al titular de algún sindicato y con ello los abogados presentan demandas de titularidad del contrato, con lo que buscan un sustento legal al argumentar que representan a los trabajadores, quienes en realidad ni los conocen.

El funcionario explicó en entrevista que casi siempre los patrones aceptan este tipo de extorsión y acceden a darles dinero a cambio de retirar la demanda, que en ocasiones es interpuesta un día por la tarde y retirada la mañana del día siguiente, cuando aún no se le da trámite, porque ya obtuvieron el recurso, lo cual se asemeja a un secuestro exprés.

Narró que hace unos días se detuvo a unos integrantes de la familia Lazcano dedicados a esta práctica, de los cuales seis fueron consignados por el delito de extorsión, en agravio de una empresa de Iztapalapa denominada Los Pingos, dedicada a empacar botanas.

Comentó que hay casos en los que las empresas presentan la denuncia y se ha logrado actuar, como el de una obra de la Comisión Federal de Electricidad, en Miguel Hidalgo, donde llegaron a intentar impedir el ingreso de unas ollas de concreto y pedían varios cientos de miles de pesos.

La pérdida de la empresa hubiera sido muy grande si no entra a tiempo el concreto. Afortunadamente, la CFE accedió a nuestras sugerencias, presentó la denuncia, tuvimos la colaboración de (la Secretaría de) Seguridad Pública, de la fiscalía y con granaderos los quitamos en la colonia Granada, hace seis meses, precisó.

El sector más golpeado

En esta administración se han presentado cinco casos en los que se ha logrado actuar pese a que los patrones se niegan, porque es la asesoría que reciben de sus abogados, y es posible que haya contubernio de éstos con los titulares del contrato colectivo e incluso de la propia junta, aunque creemos que cada vez son menos.

Reconoció que el sector donde operan estos grupos es el de la construcción, donde se reciben emplazamientos a huelga de obras que apenas se van a iniciar, sean públicas o privadas, como los desarrollos del Instituto de Vivienda, las ampliaciones del Metrobús o las obras de rencarpetamiento; así como en la pequeña y mediana empresa porque no tienen buena asesoría legal o les da miedo.

La solución a este problema de extorsión es dejar que los trabajadores se organicen, pero existe entre los patrones la peregrina idea de que se protegen más violando los derechos de su personal y prefieren apoquinar (acceder a dar dinero), afirmó.