Chiapas sin escenografía
lo que el papa no verá

Flor Goche


Escuela autónoma en San Miguel Patwitz, Chiapas. Foto: Ojarasca

Una de las estaciones del Papa Francisco en México es Chiapas. Primero en San Cristóbal de las Casas, lugar emblemático del racismo en México, en un valle rodeado de población indígena combativa y combatida. Allí estarán los indios “buenos”, los “presentables”. Posteriormente, Francisco se trasladará a Tuxtla Gutiérrez, la capital. En un estadio de 60 mil metros cuadrados se reunirá con feligreses con boleto.

Se destinaron unos 100 millones de pesos del erario público para la organización de la visita papal. Una de tantas paradojas para un lugar cuyos índices de pobreza van en ascenso, según lo muestra la estadística institucional, incluidos los índices de educación, salud e infraestructura. Pero el embellecimiento de la imagen urbana ha sido prioritario, así como el reclutamiento de más de 30 mil voluntarios.

El catolicismo no tiene la hegemonía en Chiapas. Se calcula que hasta el 60 por ciento de los indígenas, quienes son más del 50 por ciento de la población total y habitan en el 70 por ciento del territorio, no son católicos. Muchos son evangélicos, “una avanzada apabullante”, a decir del antropólogo experto en Chiapas, Arturo Lomelí González. El propio alcalde electo, del PVEM, Marco Antonio Cancino, es evangelista, de la iglesia La Roca.

Una de las principales representaciones de esta paradoja es la organización tsotsil Las Abejas de Acteal. Según Lomelí, es muy vulnerable al no ser zapatista y mantener una lucha de resistencia afín a la de los rebeldes. La demanda principal de Las Abejas, quienes han “rebasado el catequismo evangélico de la iglesia” al incorporar al catolicismo elementos indígenas y mayas, es la justicia por la masacre del 22 de diciembre de 1997, cuando fueron asesinados 45 miembros suyos mientras rezaban en una iglesia.

“El discurso católico es el perdón y el olvido, pero la resistencia de Las Abejas es por justicia. Ahí es donde los curas conservadores les dicen que deben dejar en paz a sus muertos. Ésta es la paradoja principal. El Papa habla de justicia, pero a ver qué ocurre en este caso”, añade Lomelí, autor de numerosos libros de historia local, como Las instituciones político religiosas de los pueblos indios de Chiapas

La realidad negada oficialmente

En el Chiapas gobernado por Manuel Velasco Coello, “se vive un panorama bastante oscuro que se complicará a causa de una sostenida acción institucional, corrupta y perversa, para generar escenarios violentos”, sostiene a su vez Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). En consecuencia existe “una fuerte crisis humanitaria y de derechos humanos y una persistente negación y ocultamiento de los conflictos, los cuales son administrados, en vez de resueltos” en la entidad, donde habitan una decena de distintos pueblos originarios de raíz maya.


Atrio de la catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Foto: Noé Pineda / Colectivo Tragameluz

Esta oscuridad no la verá el pontífice de la iglesia romana. La del control y el despojo territorial, que merced a la imposición de las reformas estructurales, se agudiza. Ante el panorama adverso emergen alternativas de defensa del territorio, “la columna vertebral de los pueblos originarios”, y de la vida. La lucha del movimiento zapatista y los adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y en general la de todos los esfuerzos por construir la autonomía.

El Frayba, organización laica de inspiración católica fundada por el obispo Samuel Ruíz García, se articula en torno a “la iglesia del pueblo creyente, la cual es fuerte, dinámica y activa”, asegura Faro, también poeta y abogado, pues “reivindica las demandas históricas de los pueblos”.

Tanto Arturo Lomelí como Pedro Faro enuncian las principales problemáticas de la población indígena: despojo territorial por megaproyectos, militarización, paramilitarismo, ingobernabilidad, desplazamiento forzado, vigilancia y hostigamiento contra defensores de derechos humanos, tortura, encarcelamientos injustos, feminicidio, migración, presencia de grupos criminales.

Sobre el territorio chiapaneco pesan megaproyectos que implicarían despojo, y que se fortalecen con las reformas estructurales. Proyectos mineros, de infraestructura, carreteros, turísticos, de energías renovables. Tan sólo concesiones mineras son más de 200, particularmente en las regiones fronteriza y norte del estado. Como precisa Lomelí, la minería en sí misma no es el problema, sino la forma de explotación, “que destruye el territorio”.

A decir de Pedro Faro, los megaproyectos vulneran la autonomía de las comunidades. También los derechos de los pueblos consagrados en tratados nacionales e internacionales. “Los pueblos indígenas están claros en que no quieren esos proyectos porque implican el arrebato de sus territorios sagrados, de las tierras que han trabajado ancestralmente y de sus bosques”.

La militarización que nunca se fue

El investigador Arturo Lomelí sostiene que “en términos políticos hay un discurso de respeto al zapatismo, mas en los hechos es otra cosa”. A su vez, el director del Frayba asegura que las incursiones del Ejército federal continúan particularmente en los territorios zapatistas, además de la vigilancia y el hostigamiento militar hacia las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, en especial la de La Realidad.

Chiapas sigue siendo el estado con más presencia de campamentos militares, recuerda Faro. Tan sólo en la zona gris o de conflicto hay unos 72. Se trata de una ocupación militar bajo la “estrategia de guerra del yunque y del martillo, que busca cercar al movimiento zapatista”.

La contrainsurgencia como política de Estado

Desde el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se ha documentado la presencia de al menos seis grupos paramilitares en Chiapas. Aunque su acción más fuerte data de la década de 1990, periodo en el que, con la permisibilidad y el apoyo del Estado, fueron responsables de desplazamiento, ejecución y desaparición de personas, jamás fueron desmantelados en su totalidad.

El paramilitarismo se mantiene gracias a una “muralla de impunidad” y a la negación de su existencia por parte del Estado. Los grupos y las armas están ahí y se rearticulan cuando el gobierno lo considera necesario, como es el caso reciente del municipio ch’ol de Tila, apunta Faro.

A partir de 2000, el Frayba identifica un cambio en la estrategia de contrainsurgencia oficial, que antaño se ejercía de manera privilegiada a través de los grupos paramilitares. Ahora la cooptación y los programas sociales son las herramientas predilectas. Faro comenta que diversas organizaciones que antaño eran identificadas como de izquierda, cambiaron drásticamente de orientación a cambio de prebendas. Es el caso, por ejemplo, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica, que en 2014 declaró tener grupos de autodefensas, los cuales, con el cobijo del gobierno, son responsables de agresiones y desplazamientos en diversas comunidades.

Estos grupos prevalecen, sobre todo, “en regiones zapatistas, o en donde surgen proyectos que reivindican la autonomía o generan alternativas al sistema”, precisa.

Arturo Lomelí abona al tema. Refiere que a mediados de la década de los 90, unas 70 mil hectáreas fueron ocupadas por grupos de zapatistas, algunas de ellas en coordinación con organizaciones que entonces se reivindicaban como de izquierda. Sin embargo, a raíz de la cooptación gubernamental de los líderes de estas organizaciones (entre ellas, la Organización Campesina Emiliano Zapata, la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo y la Asociación Rural de Interés Colectivo) a principios de 2000 éstas empezaron a desalojar a las familias zapatistas de alrededor de 70 localidades en los municipios de Chilón, Tila, Yajalón, Sitalá, Ocosingo y Las Margaritas.

Desorden social postelectoral y desplazamientos forzados

En siete comunidades de Chiapas: Oxchuc, Chanal, Huixtán, San Juan Chamula, Ixtapa y Altamirano, se vive, en mayor o menor medida, una situación de ingobernabilidad y violencia generada desde el Estado. Se trata de lugares en donde la “democracia simulada” neoliberal resulta más evidente. Ahí los cargos oficiales se heredan entre familias, ya sea congénitas o de relaciones políticas; además de que imperan la manipulación y compra de conciencias, acorde con las peores prácticas del Partido Revolucionario Institucional, refiere Pedro Faro.

Al respecto, Arturo Lomelí aclara que a la par del mundo indígena de la izquierda zapatista, existe también un importante sector articulado al sistema político, el cual depende de los proyectos y apoyos gubernamentales. Es la esfera indígena progubernamental, que participa en las “ferias de recibir cosas” a cambio del voto.

En Chiapas han ocurrido al menos cuatro desplazamientos forzados recientes que involucran a unas 70 familias, según registra el Frayba: Viejo Velasco (2006), San Marcos Avilés (2010), Banavil (2011) y Primero de Agosto (2012). Éstos se relacionan principalmente con conflictos armados internos orquestados por el Estado a través de grupos de poder. Otros desplazamientos se relacionan con conflictos religiosos o la imposición de megraproyectos.

Como consecuencia de la construcción de la hidroeléctrica Chicoasén II, en la actualidad existe un latente riesgo de que los pobladores de ese municipio sean desplazados por la fuerza.

Tortura y represión

Sólo en 2015, el Frayba tuvo conocimiento de los siguientes casos de vigilancia y agresión contra defensores de derechos humanos: hostigamiento al Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas; tres allanamientos y agresiones diversas contra Servicio Internacional para la Paz; el allanamiento al domicilio de Julio Ortega, integrante de la Comisión Sexta del EZLN; agresiones, amenazas de muerte y difamación contra el sacerdote Marcelo Pérez y el Consejo Parroquial de Simojovel, quienes han destapado a los poderes criminales que operan en la región. En fin, infiltración de elementos del Ejército para labores de espionaje, como ocurrió en una caravana de solidaridad a La Realidad. El mismo Frayba cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la constante vigilancia de que ha sido objeto.

En 2015, el Frayba documentó 17 casos de tortura, principalmente contra varones. El patrón identificado es: a la tortura la antecede la detención arbitraria en la que se emplea un uso excesivo de la fuerza; su objetivo principal es incriminar a las personas con delitos prefabricados. Anteriormente, el blanco predilecto de la tortura eran luchadores sociales. Hoy se generaliza y emplea de manera indiscriminada contra cualquiera que manifieste algún reclamo.

Si bien el Frayba no conoce ningún caso reciente de presos políticos en la entidad, Faro señala que las cárceles chiapanecas están llenas de personas injustamente encarceladas. Muchas, indígenas, en la cárcel por no tener abogado, bajo acusaciones falsas, o simplemente por su condición de marginación y pobreza. El defensor destaca las malas condiciones carcelarias y las violaciones al debido proceso, características de estos casos: “Los centros penitenciarios del estado se convierten en zonas de tortura y terror para doblegar al ser humano”.

Actualmente el Frayba da seguimiento a dos casos de feminicidio. Hay un repunte de la problemática, ante la cual “las acciones gubernamentales resultan irrisorias”. Las instituciones estatales, “cimentadas en un sistema patriarcal”, permiten y toleran la violencia hacia la mujer, considera Faro.

Aunque la migración tuvo un repunte a finales de la década de 1990, desde 2005 el fenómeno ha experimentado un descenso. Aun así, la mayor parte de los ingresos de las familias de Chiapas proviene de las remesas, comenta Lomelí.

Por último, a pesar del discurso oficial de que Chiapas es una de las entidades más seguras del país, el Frayba asegura que la presencia de grupos criminales es evidente, sobre todo en la frontera, en Tapachula y Palenque. “El Estado no hace nada para desarticular a estos grupos. El Ejército federal y el gobierno local los protegen y la prensa local los encubre”, concluye Pedro Faro.

*Versión para Ojarasca de un reportaje publicado en Desinformémonos.