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Penultimátum

Justicia y familia real

P

or primera vez en la historia de España, un integrante de la familia real cae en manos de la justicia. Cristina Federica de Borbón y Grecia, hija y hermana de reyes, responderá por dos de los 89 delitos cometidos por la trama que junto con su esposo Iñaki Urdangarin y 16 personas más montó para hacer negocios ilícitos. Con tal fin utilizaron a una institución, Nóos, sin fines de lucro. Resultó ser lo contrario: una forma de obtener dinero público so pretexto de realizar obras y servicios que nunca se llevaron a cabo. Entre los delitos cometidos sobresalen los de tipo fiscal, lavado de dinero, prevaricación, malversación, fraude, falsedad en documentos oficiales y mercantiles, estafa y tráfico de influencias.

Con Iñaki y Cristina como parte de la familia real, los implicados en este caso obtuvieron unos 8 millones de dólares del erario. Especialmente a través de contratos suscritos por Nóos con los gobiernos de Madrid, Valencia y Baleares, presididos por honorables miembros del partido que todavía gobierna España, el Popular. Hoy algunos de ellos están acusados de enriquecerse y favorecer con contratos a empresas de amigos a cambio de dádivas o contribuir con parte de lo obtenido a financiar las actividades del citado partido. Las cantidades saqueadas al erario son mucho mayores de las que lograron la pareja real y las otras personas implicadas.

Hacienda somos todos es el lema publicitario del gobierno español para recordar a la ciudadanía la responsabilidad de pagar impuestos; de no enriquecerse ni hacer mal uso del dinero público, entre otras cosas. Sin embargo, desde lo más alto del Estado se intentó ignorar dicho lema con la hija y hermana de reyes a fin de hacerle creer a la opinión pública que ella no hizo parte de la maquinaria montada por su esposo para hacer negocios sucios a la sombra del poder. Pero las tres magistradas que resolvieron la procedencia de juzgar a la infanta reafirmaron por unanimidad el principio de que nadie está por encima de la ley.

Aunque en España suman decenas los juicios contra figuras destacadas del Partido Popular, el que involucra a la señora Cristina despierta la atención ciudadana por ser tercera en la sucesión al trono. Y porque si la corrupción comienza en la jefatura del Estado… qué se puede esperar del resto del aparato gubernamental.

El lunes próximo la infanta estará en Palma de Mallorca sentada en el banquillo de los acusados. Responderá por el delito de fraude a la hacienda pública. La pena máxima es de ocho años de cárcel. No se llegará a ese extremo y no faltan los que aseguren que será declarada inocente. Pero el daño causado a la institución monárquica, a su entorno familiar, es irreparable. Y cuando España atraviesa por una grave crisis política y económica.