A consecuencia de la impunidad, pero también del hartazgo de la población ante la incapacidad del Estado por resolver el problema de la inseguridad pública, el fenómeno del linchamiento está presente en México y, en términos generales, va en aumento. Se estima que de 419 intentos o actos consumados de ajusticiamiento, documentados de manera conservadora entre 1988 y diciembre de 2015 en el país, 211 han ocurrido desde 2010 a la fecha. Es decir, casi la mitad de los sucesos en menos de seis años.

Académicos y activistas de organizaciones y centros de derechos humanos advierten que detrás de cada uno de estos intentos o linchamientos consumados hay una larga lista de actos y violaciones a la ley que han quedado impunes. Es el reflejo de una crisis del estado de derecho, donde una población agraviada busca hacerse justicia por su propia mano, violentando también la ley.

Desgaste institucional

Para Raúl Rodríguez Guillén y Norma Veloz Avila, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quienes desde hace tiempo estudian en profundidad este fenómeno, en las pasadas tres décadas el país ha vivido un proceso de desgaste institucional que se expresa en la violencia política y social. Desde la sociedad han surgido expresiones que responden a ello, como las llamadas guardias comunitarias o grupos de autodefensa, el vigilantismo de la población en colonias o barrios, y los mismos linchamientos. En este contexto, la inseguridad, la falta de justicia, la corrupción y la impunidad forman parte de una crisis real del Estado.

En su investigación Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014), se documentan cuando menos 366 casos relacionados con el linchamiento en todo el país, principalmente en los estados del centro-sur. Hay otros 53 casos registrados entre enero y diciembre de 2015, que son resultado del cruce de información de diversas organizaciones y centros de derechos humanos.

Además, se observa que en siete de las 32 entidades se concentra casi 80 por ciento de los casos. Así, el estado de México y el Distrito Federal encabezan la lista, seguidos por Puebla, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. En contraste, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas no presentan un solo caso.

De las estadísticas, tanto del estudio como del cruce de información del Observatorio Nacional Ciudadano y diversos centros de derechos humanos, se observa que los casos consumados ascienden a 109 en este periodo de 27 años, lo cual establece una proporción de 3.8 tentativas por cada uno de los linchamientos consumados. La situación es grave y creciente, pero no es nueva.

Además, el número de linchamientos en las distintas entidades del país denota con claridad el incremento sustancial de la violencia colectiva en los años más recientes. Pero no siempre los castigos han sido a individuos civiles, también han sido víctimas personas que ostentan cargos de autoridad o son incluso elementos policiacos.

Esto habla de una historia de agravios a la sociedad que se ha convertido a su vez en una historia de impunidades, donde el abuso, la prepotencia y la corrupción política, policial o judicial, sumadas a la negligencia de autoridades políticas expresan también la inoperancia del sistema de administración de justicia.

Basta recordar el linchamiento de dos elementos de la extinta Policía Federal Preventiva por pobladores de San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac de la capital de la República, el 23 de noviembre de 2004, cuando los agentes realizaban trabajos de investigación sobre narcomenudeo. Tras los acontecimientos, el entonces presidente Vicente Fox decidió remover del cargo al secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard.

Para los investigadores de la UAM, es necesario que la sociedad mexicana en su conjunto reflexione sobre este problema, porque no se trata de hechos aislados, sino de una amplia secuencia de linchamientos a lo largo y ancho del país, tanto en zonas urbanas como rurales, que atentan contra el estado de derecho y la convivencia entre los mexicanos.

Las estadísticas coinciden en que el aumento del robo con violencia, la violación, el secuestro y los abusos de miembros de los cuerpos policiacos, así como la incompetencia y corrupción en los Ministerios Públicos marcan el ritmo de la violencia social, pero también son la causa del aumento en el número de linchamientos.

Vaticinan que mientras las condiciones de la injusticia prevalezcan y las autoridades encargadas de brindar seguridad pública no lo logren, es muy probable que estos casos de acción colectiva sigan ocurriendo con mayor frecuencia.