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Sectores políticos, sindicales y sociales exigen su libertad y denuncian persecución política

Rechazo en Argentina a la detención de Milagro Sala, dirigente de Tupac Amaru
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 18 de enero de 2016, p. 20

Buenos Aires.

Sectores políticos y sindicales, movimientos sociales, diputados locales y regionales del Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur) rechazaron la detención este sábado de la dirigente popular del movimiento Tupac Amaru, Milagro Sala, y al denunciar persecución política en Argentina exigieron la liberación inmediata de la también parlamentaria de la provincia de Jujuy.

Sala fue detenida por una denuncia del gobernador Gerardo Morales, de la oficialista alianza Cambiemos, que la acusa de sedición y de instigación a la protesta, y a estas horas el conflicto se agrava por la decisión del funcionario de presentar más pruebas contra la dirigente, lo que puso en estado de alerta a todo el movimiento sindical, que advierte sobre la gravedad de esta acción y la amenaza contra cualquier protesta pacífica.

La bancada progresista del Parlasur, integrada por representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Uruguay, pidió la liberación de Sala, mientras Jorge Taiana, titular del Parlamento regional, envió una nota a la cancillería argentina, que se desentendió del tema.

El gobernador de Jujuy, el derechista Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical, que se integró a la alianza Cambiemos, persigue a Sala desde que era senadora, a finales del siglo pasado.

Esta medida agrede a la democracia y a los recientes 12 años que tuvieron que ver con la inclusión y el respeto a la protesta social, dijo Andrés Larroque, diputado del Frente para la Victoria, mientras la Central de Trabajadores de Argentina-Autónoma aseguró que la detención de Sala sólo puede leerse como una acción tendente a promover la criminalización de la protesta.

El caso de Milagro Sala sigue creciendo y añade más tensión a los despidos masivos en el país.

Mientras permanece en reposo absoluto, el presidente Mauricio Macri recibió a Iara y Kala, las dos hijas del fallecido fiscal Alberto Nisman, quien tenía a su cargo la investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, cuando apareció muerto en su departamento con un disparo en la sien y una pistola a su lado, el 18 de enero de 2015.

Esta actitud de Macri está relacionada con un intento de volver atrás todo el juicio que llevó adelante la fiscal Viviana Fein, a quien pusio obstáculos la oposición al entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, encabezada por los sectores de la ultraderecha israelí, así como servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel.

La finalidad es que se deje de lado lo establecido por todos los peritos como un suicidio y se transforme en un asesinato, indicó el analista Raúl Kollman en Página 12.

Kollman explica que las evidencias indican todo lo contrario: no sólo la criminalística y la medicina forense se pronunciaron en forma categórica, sentando las bases de que hubo un suicidio, sino que Nisman vivía un fin de semana dramático. Su denuncia contra Cristina y Héctor Timerman fue defenestrada por varios jueces, por los juristas más importantes del país y por la Interpol... No parece casual que antes de morir haya leído un texto sobre el regreso de la muerte.

La ex esposa de Nisman, la juez Sandra Arroyo Salgado, apareció junto a Macri durante el proceso electoral. “Se trató de una clarísima utilización electoral del caso. Hoy el presidente recibe a las hijas del fiscal fallecido, mientras en la justicia ordinaria se siente la presión para que la causa pase a la justicia federal.

En su primer acto después de la asunción de Macri, la juez Arroyo Salgado dio por terminada una causa en la que periodistas de medios opositores a los Kirchner fueron acusados con pruebas de espionaje contra políticos y periodistas. Pero también en un solo golpe de efecto dio por terminado el caso judicial contra Ernestina Herrera de Noble, la dueña de Clarín, por la adopción de dos niños en plena dictadura militar, que aún se supone pueden ser hijos de militantes desaparecidos. Aunque no lo fueran, la adopción fue totalmente ilegal. Pero Arroyo Salgado decidió darle final.

Mucho se juega en esta causa, no sólo a escala nacional e internacional, a pesar de que las investigaciones demostraron aristas escandalosas y hasta lavado de dinero de la familia Nisman.