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Firma el presidente ola de decretos sin convocar a sesiones extraordinarias del Congreso

Macri suspende la aplicación del nuevo Código Penal argentino

Continúan las manifestaciones, paros y bloqueos de trabajadores contra eventuales recortes

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Manifestación de trabajadores en Buenos Aires para exigir el pago de un bono de fin de año y protestar por recortes de personal y de salarios que podrían provocar los decretos del presidente Mauricio MacriFoto Reuters
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de diciembre de 2015, p. 16

Buenos Aires

Mediante nuevos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el presidente Mauricio Macri postergó la instalación del nuevo Código Procesal Penal y traspasó el sistema de escuchas telefónicas a la Corte Suprema de Justicia. Esto provocó una nueva manifestación de trabajadores en La Plata y en Provinica de Buenos Aires que este martes se lanzaron a la calle para exigir su bono de fin de año y protestar por recortes de personal y de salarios que se prevé sean consecuencia de dichos decretos.

Aprovechando el receso parlamentario, sin convocar a sesiones extraordinarias, como sería lo legal, el presidente Macri de la derechista Propuesta Republicana-Cambiemos firmó estos DNU y también un decreto que permitirá revisar miles de empleos y contratos, lo que rechazan los sindicatos.

En el caso del nuevo Código Penal la nueva legislación, que establece el reemplazo del sistema inquisitivo por otro acusatorio donde los jueces se limitarán a juzgar y los fiscales monopolizarán la investigación, debía comenzar a aplicarse en Capital Federal el 1o de marzo. Ahora está suspendido como también las partidas presupuestarias establecidas para su puesta en marcha.

Tanto esta norma como la del sobreseimiento del juicio al mandatario por escuchas telefónicas ilegales están vinculadas a la presión del gobierno de Macri sobre la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para que renuncie a su cargo.

La modificación de la nueva Ley de Inteligencia sancionada en febrero pasado, con el objetivo de traspasar desde el Ministerio Público Fiscal a la Corte Suprema de Justicia el sistema de escuchas telefónicas para tareas de inteligencia, debió ser postergada por la misma Corte hasta febrero próximo por la cantidad medios humanos y materiales que involucra. Sostienen los tres magistrados que no es posible llevar adelante de inmediato esa misión, dada su especificidad, en tanto involucra la organización de medios humanos y materiales así como una prolija tarea reglamentaria.

Además Macri firmó el decreto 254/2015 por cual se instruye a los ministros, secretarios y autoridades de organismos descentralizados, a las empresas y sociedades del Estado de la administración pública nacional a revisar los procesos concursales y de selección de personal, tarea que deberán cumplir en un plazo no mayor a seis meses computados a partir de hoy, como publica el Boletín Oficial.

La norma autoriza también a revisar en un plazo no mayor de tres meses las designaciones efectuadas por procesos concursales de personal de dichos ministerios u organismos durante los últimos dos años computados desde la vigencia del presente decreto.

Sólo durante las pasadas dictaduras se había producido tal cantidad de decretos, en poco más de dos semanas de la instalación de un gobierno y en el tema de la revisión de expedientes y contratos esto es analizado como una caza de brujas, si se tiene en cuenta que algunos ministros ya han despedido a decenas de empleados y otros piden conocer la pertenencia política del trabajador.

Con respecto al decreto para revisar a los contratados la Asociación de Trabajadores del Estado realiza hoy un paro con movilización y cortes de algunas calles especialmente en la ciudad de la Plata capital de la provincia de Buenos Aires denunciando que la revisión de 24 mil contratos, como una persecución. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires comunicó que se descontará el día a los trabajadores que pararon.

En tanto, la presidenta de la comisión bicameral que controla a las autoridades de aplicación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de la Ley Argentina Digital (AFTIC) la senadora nacional Liliana Fellner del opositor Frente para la Victoria, presentó ante el Juzgado N°2 de Jujuy una acción de amparo y una solicitud de medida cautelar con el propósito de frenar los decretos del presidente Macri por el cual se colocó a ambos organismos bajo la órbita del nuevo Ministerio de Comunicaciones y luego se intervino y se removió a todos sus directores.

En los fundamentos de las presentaciones, la senadora recordó que la Ley de Medios y la Ley Argentina Digital ponen en cabeza de la comisión bicameral el control y evaluación de todos los directores y el deber de nombrar a tres directores en AFSCA y en AFTIC.

En este sentido, aseguró al periódico parlamentario.com que el decreto (del presidente) se llevó puesto todo, no sólo a los directores nombrados por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) sino también por el Congreso Nacional.

Agregó que la remoción de los directores no puede ser mediante un decreto porque hay una intervención al Congreso; va en contra del artículo 1 de la Constitución donde se habla de sistema republicano. Fellner advirtió que el presidente no ha respetado los mecanismos creados por ley para remover directores en caso de que no cumplan con sus funciones.

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia debió suspender este martes el juramento del diputado nacional de la derechista Propuesta Republicana Pablo Tonelli como miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, debido a que se informó una medida cautelar que resolvió una jueza Federal solicitando al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, abstenerse de tomar juramento a este legislador.

El bloque de diputados del opositor Frente para la Victoria denunció penalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, a quien acusa de haber obstruido la designación del diputado Marcos Cleri en el Consejo de la Magistratura, donde Cambiemos colocó al macrista Pablo Tonelli.

La bancada conducida por Héctor Recalde acusó a Monzó de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, al no remitir la designación de Cleri y en su lugar enviar el nombramiento de un diputado que no pertenece a la primera minoría de la Cámara.

A su vez, los diputados denunciaron la adulteración de un documento público, al sostener que algunos de los legisladores incluidos en el acuerdo parlamentario que permitió la designación de Tonelli no prestaron su conformidad ni su firma y se enteraron hoy por la prensa de ese supuesto aval.