Estados
Ver día anteriorMiércoles 9 de diciembre de 2015Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio

Enfrenta denuncia por peculado y colusión

Multa de $650 millones a ex tesorero de Mexicali
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de diciembre de 2015, p. 38

Mexicali, BC.

La sindicatura municipal impuso una sanción de 650 millones de pesos e inhabilitó por 10 años al ex tesorero Francisco Javier Fimbres Gallego por quebranto a la hacienda de esta capital.

Fimbres fue tesorero del ayuntamiento de 2010 a 2013, durante la administración del priísta Francisco Pérez Tejada Padilla. En la actualidad Fimbres Gallego ocupa el cargo de síndico social, figura que desaparecerá en 2016 por incumplir la función con que fue concebida: atender los reclamos de los sectores más vulnerables de la sociedad hacia el gobierno.

Como tesorero, Francisco Javier Fimbres descontó del salario de más de 2 mil burócratas las cuotas de seguridad social, pero nunca las entregó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), por lo que técnicamente los empleados no cotizaron durante tres años.

Además, Fimbres Gallego dejó de hacer aportaciones patronales al Issstecali. El adeudo del ayuntamiento de Mexicali con el instituto es de 707 millones de pesos.

El síndico procurador del ayuntamiento capitalino, Humberto Zúñiga Sandoval, presentó una denuncia penal contra el alcalde Pérez Tejada y varios integrantes de su gabinete, entre ellos Francisco Javier Fimbres, por peculado y colusión de servidores públicos. La dirigente de burócratas Victoria Bentley Duarte presentó otra demanda penal por daño a sus agremiados.

El procedimiento administrativo contra Fimbres Gallego implica la revocación de mandato (fue electo en 2013 como parte de la planilla del Partido Revolucionario Institucional, aunque éste perdió la presidencia municipal.

La comisión de gobernación y legislación del ayuntamiento de Mexicali cuenta con 20 días hábiles para desahogar el procedimiento de revocación de mandato y, por extensión, el desafuero del síndico social.