En etapa de defensa jurídica,
la resistencia a las eólicas


Doncella navajo con su rebaño, 1925.
Foto: William Marion Pennington

Ahí donde el viento sopla más fuerte surge la codicia. En el Itsmo de Tehuantepec, en Oaxaca, la velocidad media anual de los vientos excede los diez metros por segundo. Esto convierte a la región en la locación idónea para la instalación de centrales eólicas; en foco de atención de la industria eólica mundial.

La primera central eoloeléctrica en el istmo de Tehuantepec, y también en México, se instaló en el ejido La Venta, municipio de Juchitán de Zaragoza, en 1994. Hoy existen en la zona alrededor de 20 parques eólicos distribuidos en más de 50 mil hectáreas.

Los megaproyectos para la generación de energía eléctrica a través del viento se han impuesto vía engaños, refiere Carlos Manzo, originario del Unión Hidalgo, Oaxaca. A través de contratos leoninos, empresas extranjeras (en su mayoría españolas), en condescendencia con el gobierno mexicano, han arrendado las tierras comunales como si fueran privadas y han violado el derecho a la consulta de las comunidades indígenas que ahí habitan: zapotecos, huaves, mixes y zoques.

Los impactos son diversos e incuantificables: pérdida de la soberanía alimentaria; desecación drástica de los mantos freáticos; vaciado de los pozos de agua artesanales; tala inmesurada de distintas especies de árboles, entre ellos los huanaxtles; y graves afectaciones a los pájaros que transitan por el lugar, uno de los principales corredores de aves migratorias en el mundo.

Como consecuencia de los “proyectos de muerte”, el paisaje del Itsmo de Tehuantepec ha cambiado drásticamente durante las últimas dos décadas, también el modo de vida de los pueblos originarios de la región, refiere Carlos Manzo.

El autor del libro Comunalidad, resistencia indígena y neocolonialismo en el Itsmo de Tehuantepec, detalla, por ejemplo, lo desastroso que resulta para el entorno inmediato del terreno la edificación de las bases de cada autogenerador, mismas que requieren de más de 500 metros cúbicos de cemento y metal, y cuyo peso rebasa las 1 mil toneladas.

La “contrareforma agraria” de 1992, con Carlos Salinas de Gortari como presidente del país, sentó las bases para la implantación de los megaproyectos eólicos en el Itsmo de Tehuantepec, ya que legalizó el arrendamiento de tierras ejidales y comunales que antes, por mandato constitucional, eran inalienables, imprescriptibles e inembargables.

La resistencia

La Asamblea de Pueblos Indígenas del Itsmo en Defensa de la Tierra y el Territorio ha constituido el mayor intento de ligar la resistencia de las comunidades afectadas, que se encuentran organizadas en asambleas ejidales o comunales, según sea el caso.

Las comunidades se han resistido con acciones jurídicas o directas. Éstas últimas, entre ellas bloqueos a vehículos y maquinaria de las empresas extranjeras involucradas (Iberdrola, Gamesa, Endesa, Preneal, Unión Fenosa, EDF, etcétera), les han acarreado diversas formas represivas como encarcelamientos políticos, incluso muertes.

Sin embargo, precisa Carlos Manzo, ha sido difícil interactuar coaligadamente. Y es que, aunque se han emprendido marchas y otras acciones de protesta conjuntas, “cada asamblea tiene problemas particulares y estrategias específicas para defenderse ya sea en el orden jurídico o práctico”.

Las diferentes posturas políticas entre las comunidades así como sus realidades particulares se complejizan dada la presencia de los de partidos políticos y las coyunturas electorales. Esto, dice Carlos Manzo, “hace más difícil la posibilidad de generar una resistencia articulada de los pueblos”.

Después de la fase más violenta contra la oposición a los megaproyectos eólicos en el Itsmo de Tehuantepec, que se dio entre 2012 y 2014, cuando los pueblos optaron primordialmente por las acciones directas y, en consecuencia, fueron reprimidos, hubo un parteaguas en la definición y caracterización de las luchas. Hoy la resistencia regional se encuentra fundamentalmente en una etapa de defensa jurídica.

Aún así, el hostigamiento contra las comunidades indígenas continúa. Prueba de ello es la vigilancia que ejercen grupos paramilitares protocolizados por las empresas eólicas como policías privados. “Ellos están armados vigilando las entradas de los parques impidiendo cualquier acción de oposición”, asevera Carlos Manzo.

A esta fase violenta sobrevivo también la llegada del Partido de la Revolución Democrática al municipio de Juchitán, mismo que trató de camuflar la imposición de nuevos parques eólicos con la instrumentación de una consulta a los pueblos indígenas que, a decir de Carlos Manzo, no fue libre, previa, ni informada, tal como lo mandatan los instrumentos internacionales.

Impugnaciones jurídicas

Son varias las impugnaciones jurídicas que enfrentan las empresas eólicas que apuestan a sacar provecho a los vientos del Itsmo de Tehuantepec. Una de las principales recae en la ilegalidad de las formas de los contratos de arrendamiento, ya que, en muchos casos han alquilado las tierras comunales y ejidales como si fueran pequeña propiedad.

El caso más emblemático en este sentido, es el de Juchitán, municipio que carece de comisariado de bienes comunales al menos desde la década de 1980. Este vacío de autoridad permitió a muchas personas dar un formato de pequeña propiedad, vía la legitimación de un síndico municipal y de un notario público, a la tierra comunal.

Ante tribunales federales y locales se ha impugnado también la falta de seriedad de los estudios de impacto ambiental que avalan los megaproyectos, así como la ilegalidad de las consultas emprendidas en la materia.

“Es una cuestión complicada porque no podemos tener la suficiente confianza en las instancias de impartición de justicia de este país, que están muy viciadas y corrompidas. Pero son procesos que hay que agotar; y no se están agotando todos”, dice Carlos Manzo. Y agrega: “Aquí el talón de Aquiles de las organizaciones es la falta de abogados honestos en materia ambiental, agraria y de derechos indígenas que puedan interponer los recursos a tiempo y que no sean corrompidos por las empresas”.

Poblador de Unión Hidalgo, Oaxaca, Manzo detalla que en noviembre de 2012 un juez federal admitió un amparo promovido por la comunidad Álvaro Obregón en contra de la empresa Mareña Renovables, con lo que se impidió la instalación de parques eólicos en la Barra de Santa Teresa. Asimismo, en mayo pasado, el tribunal agrario de Tuxtepec dictaminó, en favor de la comunidad de Unión Hidalgo, que la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos no podía entrar a la fase de instalación y operación de su proyecto.

“Habría que estar atentos a lo que ocurre en el Itsmo, una región que ha cambiado drásticamente en los últimos 20 años, por lo que se refiere a los parques eólicos y a la ola de empresas trasnacionales que los imponen. Ahora, los efectos desastrosos y de muerte para las comunidades que habitamos en esa región se intensifican por la presencia de proyectos mineros en la parte norte del Itsmo”, advierte Carlos Manzo.

Entrevista con Carlos Manzo: Flor Goche