Número 232
Jueves 5 de Noviembre del 2015




Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER

Directora general
CARMEN LIRA SAADE

Director:
Alejandro Brito Lemus

El drama de las niñas
víctimas de la violencia sexual

En nuestro país, el embarazo de las niñas es una preocupación y una responsabilidad pendiente del Estado mexicano. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que alrededor de 150 millones de niñas adolescentes fueron víctimas de sexo forzado u otras formas de violencia sexual en 2002. (Andrews, 2004, citado en UNFPA (2013) Maternidad en la Niñez).

Lamentablemente en México, las víctimas de violación no suelen tener acceso a la justicia, y quienes deciden denunciar enfrentan un viacrucis burocrático, que no necesariamente se resuelve favorablemente para la menor. Esta cadena de complicaciones empieza en su propio hogar, pues en la mayoría de los casos el victmario es una familiar cercano, y continúa en el Ministerio Público y en la Secretaría de Salud. Las víctimas se enfrentan constantemente a la violencia institucional, debido a que las autoridades no cumplen con su obligación de atenderlas con debida diligencia y perspectiva de género. Además algunos funcionarios públicos criminalizan moralmente a las niñas al afirmar que ellas provocaron la agresión sexual por su manera de vestir, por ser muy extrovertidas o por haber perdido el pudor. Escuchar este tipo de argumentos de las instancias de Salud y Justicia, nos remite al trabajo pendiente para deconstruir esta mirada de la sexualidad, donde se condena a las niñas y se justifica la violencia sexual ejercida contra ellas.

En abril de 2009 se aprobó la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención, con el objetivo de garantizar el acceso legal a la interrupción del embarazo por violación. Sin embargo, consideramos que en el sistema de salud sigue habiendo retos inmensos que deben encararse, ya que en muchos casos no se proporciona la atención integral que establecen la norma y el manual de procedimientos. Por otra parte, reconocemos el trabajo de médicas y médicos comprometidos con la vida de las niñas víctimas de abuso sexual y que, en medio de las descalificaciones de sus pares y las amenazas de excomunión de la Iglesia católica, realizan la interrupción legal del embarazo, producto de una violación.
 
Consideramos que obligar a las niñas a continuar un embarazo, es una violación a sus derechos humanos y un grave riesgo a su salud. Argumentar la defensa de la vida del feto sobre los derechos de las niñas, viola el interés superior de la menor, respaldado por la Convención de los Derechos del Niño.

Desde Católicas por el Derecho a Decidir, alzamos la voz por todas las niñas abusadas sexualmente. La Ley General de Víctimas establece el acceso inmediato a las instituciones de salud para que las niñas violadas puedan interrumpir un embarazo inmediatamente, sin necesidad de una denuncia (Art. 35 LGV). Para que la atención de las víctimas sea ágil y oportuna es urgente el cumplimiento de lo que establece esta Ley y en donde sea pertinente, la aplicación de la Nom 046. Las autoridades de Salud deben eliminar los obstáculos que impiden un acceso integral a los servicios de salud a víctimas de violencia sexual, que incluyen la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo.

Finalmente, nos parece importante que la voz de las niñas esté presente en la agenda pública de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y que se garantice el respeto pleno a sus derechos en el proceso de implementación.

Atentamente,
CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR

S U B I R