Brasilia.

El ex presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) negó este jueves ante la justicia haber intervenido para que empresas brasileñas consiguieran contratos en el exterior, en una declaración ante la justicia por una causa que investiga si hubo tráfico de influencias.

Lula resaltó jamás haber interferido en un contrato celebrado por el BNDES (Banco de Fomento Estatal) y empresas privadas ni en las decisiones del banco sobre la concesión de créditos, indicó un texto de una organización que lleva su nombre y divulga su trabajo.

Pero siempre, añadió, procuró ampliar las oportunidades de divulgación de esas compañías en el exterior con vistas a generar empleos para Brasil.

La fiscalía abrió una investigación contra Lula por supuesto tráfico de influencias durante conferencias que dio en el extranjero. La causa busca determinar si el ex presidente usó su influencia para beneficiar en el extranjero a la gigante de la construcción Odebrecht, ligada a un caso de corrupción de Petrobras entre 2011 y 2014.

Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora, está en prisión bajo sospecha de participar de la red de desvíos de dinero que drenó al menos 2 mil millones de dólares de Petrobras. Lula no tiene acusaciones pero declarará ante las autoridades en calidad de informante.

Lula también es investigado, al igual que sus antecesores Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco y Fernado Collor de Mello por haberse apropiado de regalos otorgados por gobiernos extranjeros al país, siendo estos parte inalienable del patrimonio público, indicó el diario Folha de Sao Paulo.

El jurista brasileño Hélio Bicudo, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores, formalizó un nuevo pedido de apertura de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff ante una notaría de Sao Paulo, en el que agrega denuncias al pedido original realizado hace unas semanas. La petición está basada en acusaciones de mal manejo fiscal del gobierno, además se señala que el gobierno utilizó dinero de bancos públicos para cubrir sus cuentas.

A todo esto, el Tribunal de Cuentas (TCU) abrió una investigación para determinar si el gobierno de Rousseff realizó maniobras contables ilícitas en 2015, tal como fue comprobado para el año 2014, informaron medios locales.

La práctica, conocida como ruedas fiscales, llevó al TCU a reprobar la semana pasada las cuentas del gobierno relativas a 2014 y a recomendar al Congreso hacer lo mismo. Si el Legislativo acoge la sugerencia, la presidenta puede ser despojada del cargo por violar la Ley de Responsabilidad Fiscal, aunque el gobierno rechaza esa posibilidad al alegar que las presuntas faltas ocurrieron en su mandato anterior.

En Nueva York, la agencia de calificación financiera Fitch recortó la nota de la deuda soberana de Brasil de BBB a BBB-, último grado inversor de su ranking, y se sumó así a las recientes rebajas decididas por Standard and Poor’s y Moody’s.