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La entrega de sobornos a partidos políticos también es un fenómeno creciente

Alarma que trasnacionales avasallen a instituciones para aumentar sus ganancias

Subrayan en un seminario que los gobiernos no han atendido el malestar que provoca la corrupción

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Ximena Puente, comisionada presidenta del Inai, participó en el seminario Responsabilidad pública y rendición de cuentas: una exigencia democrática, realizado en el hotel Hyatt Regency, en PolancoFoto Luis Humberto González
 
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de octubre de 2015, p. 12

Los delitos ambientales, el avasallamiento de empresas trasnacionales contra instituciones públicas para la obtención de beneficios, particularmente en la industria extractiva, y el financiamiento a los partidos políticos, son ámbitos riesgosos en los que la amenaza de la corrupción es más grande.

La corrupción –advirtió el especialista chileno Alejandro Ferreiro– se ha vuelto sofisticada y ahora no se limita al soborno del funcionario, sino que busca la captación global de las instituciones.

Durante el seminario internacional Responsabilidad pública y rendición de cuentas, una exigencia ciudadana, el fiscal federal en Tucumán, Argentina, Antonio Gómez, alertó sobre las presiones existentes en el rubro ambiental para que empresas mineras o petroleras puedan obtener beneficios a costa de daños al entorno, favorecidos por la impunidad y la corrupción. El daño ambiental provocado por las industrias extractivas es favorecido por funcionarios capturados por el poder económico.

Citó el caso de Ecuador, con la empresa Chevron, que incurrió en estas prácticas que después fueron denunciadas, como espero que también sean revertidas en Nigeria.

Jophn Heilbrunn, de la Universidad de Burdeos e investigador asociado de la Escuela de Minas, dijo que en África se han registrado prácticas dañinas al medio ambiente, ejecutadas por empresas trasnacionales y posibilitado por prácticas de corrupción, para permitir extracciones por parte de esas empresas, abiertamente nocivas al medio ambiente.

En su oportunidad, Stefano Fumarulo, quien ha participado en la Comisión Parlamentaria Antimafia en Italia, expuso la estrecha vinculación que existe en su país, y en casos como México, entre corrupción y delincuencia organizada. Destacó que la mafia penetró en tal medida, que las investigaciones de la operación denominada Manos limpias encontraron que 60 por ciento del parlamento italiano estaba investigado, detenido o condenado por actos de corrupción.

Italia llegó a considerarse un país sin estado de derecho, al punto que Silvio Berlusconi llegó a derogar del código penal los delitos de los que se le acusaba y fue procesado por otros delitos.

Ferrerio explicó el caso chileno, en el que los escándalos de corrupción estallaron por acciones relacionadas con el financiamiento de los partidos políticos. Subrayó que analizar la corrupción implica asumir que se ha sofisticado a tal grado que en la actualidad puede advertirse que una de las formas más agresivas y riesgosas para la sociedad es la capacidad que desde la iniciativa privada se ha desarrollado –mediante el financiamiento de campañas políticas u otras prácticas– que ha permitido el sometimiento de las instituciones y del poder político, al económico.

Por su parte, Ernesto Isunza, del consejo asesor del Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, aseveró que en el país se han dado acciones que proyectan que en México se combate la corrupción, pero existe una percepción social de que la corrupción va al alza. Es en esta lógica, dijo, que las instituciones no están a la altura del malestar y de la indignación social sobre fenómenos de corrupción.