Brasilia.

El gobierno de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, obtuvo este martes un triunfo en el Tribunal Supremo Federal, el cual rechazó el protocolo que había previsto adoptar el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, para manejar los pedidos de destitución de la mandataria pendientes de análisis.

De acuerdo con la normativa de la cámara baja, el presidente del organismo puede habilitar o archivar los pedidos de apertura de juicio político (impeachment) contra la presidenta de la República. Cunha rechazó este martes cinco pedidos y previamente había rechzado otros ocho.

Si habilita uno de los pedidos, se necesitarán 342 votos, el equivalente a dos terceras partes de los 513 escaños de la cámara baja, para que el proceso siga adelante.

Cunha estipuló hace unas semanas que los solicitantes de juicios contra Rousseff podrían apelar de una eventual decisión suya de archivar el pedido recurriendo a votación abierta en el pleno de la cámara. En este segundo intento, bastaría una mayoría simple de 257 votos, la mitad más uno del total, para obligar al presidente de la cámara a revisar su posición.

Según informaron medios locales, legisladores oficialistas –dos del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y uno de su aliado Partido Comunista de Brasil– apelaron ante la máxima instancia judicial del país contra esas reglas, y sus recursos fueron aceptados de manera provisoria por dos magistrados. El plenario del tribunal deberá resolver si mantiene o anula estos dictámenes preliminares.

A la fecha quedan tres pedidos de destitución sobre la mesa, pero Cunha resolvió aplazar para la semana próxima la decisión de acoger o archivar el principal pedido de destitución de Rousseff que tiene entre manos: el presentado por el abogado Hélio Bicudo, fundador del PT y uno de los juristas más reconocidos de Brasil.

Cunha, enemigo declarado del gobierno pese a integrar la mayor fuerza oficialista, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, dijo que tomó la decisión después de reunirse con líderes de la oposición.

Bicudo y Reale basan su pedido en las maniobras contables realizadas por el gobierno de Rousseff en 2014 con el fin de maquillar los resultados contables. Las llamadas ruedas fiscales llevaron al Tribunal de Cuentas a recomendar al Congreso reprobar los balances del gobierno de 2014. El aplazamiento dispuesto por Cunha es para integrar al expediente documentos que según los opositores comprueban que las maniobras continuaron este año, tras comenzar el segundo gobierno de Rousseff.

Cunha enfrenta fuertes presiones para dejar el cargo, debido a sus presuntos nexos con la corrupción en Petrobras. Además de haber sido denunciado formalmente ante la Suprema Corte, fue acusado por las autoridades suizas de ser beneficiario de al menos cuatro cuentas en bancos de ese país, que habrían sido utilizadas para recibir fondos desviados de la petrolera estatal.

El ex presidente y líder histórico del PT, Luiz Inacio Lula da Silva, salió este martes en defensa de su sucesora, Rousseff, al asegurar que las supuestas maniobras fiscales se hicieron para pagar los programas sociales. Ella lo hizo para pagar Bolsa Familia y Minha Vida Minha Casa, explicó Lula en un acto del Movimiento de los Pequeños Agricultores en Sao Bernardo do Campo, en el estado de Sao Paulo, al aludir a los dos principales programas sociales impulsados por el gobierno de Brasil.

Los programas sociales son el buque insignia de los gobiernos del PT desde la llegada del partido al poder en 2003. En estos 12 años se calcula que los mismos consiguieron sacar de la pobreza extrema a 33 millones de brasileños y se espera que 3 millones de viviendas sociales sean asignadas hasta el final del mandato de Rousseff en 2018.

En Bolivia, los mandatarios boliviano y venezolano, Evo Morales y Nicolás Maduro, respectivamente, anunciaron que impulsarán consultas regionales en respaldo a su par brasileña ante la posibilidad de un golpe de Estado.