Opinión
Ver día anteriorJueves 8 de octubre de 2015Ver día siguienteEdiciones anteriores
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El Acuerdo Transpacífico: nuevas ilusiones y tercas realidades
Orlando Delgado Selley
N

egociando en sigilo, como si se tratara de estrategias para ganar alguna guerra, operadores de 12 países han firmado lo que denominan el mayor acuerdo regional de comercio e inversión de la historia. Aunque se nos pretende vender como la nueva gran oportunidad para que México se incorpore decisivamente a los flujos comerciales de mayor trascendencia, la declaración del presidente Obama al firmar el documento explicita claramente el sentido estratégico de este acuerdo: evitar que China controle el grueso de los flujos de mercancías y servicios en esta importante zona comercial del mundo, señalando que no se le permitirá escribir las reglas del comercio mundial. Este propósito no ha sido discutido en ninguno de los espacios deliberativos mexicanos. Así que habría que ver lo que se opina en el Senado de la República en relación con este planteo estratégico que ha aceptado implícitamente nuestro gobierno.

La Secretaría de Relaciones Exteriores planteó ayer que este acuerdo será una vía privilegiada para que México profundice su participación en una región fundamental. No precisó la manera en la que se ha protegido a la industria nacional ya que, como es obvio, cuando se firman acuerdos iguales entre desiguales quienes se benefician son los que tienen mayor fortaleza económica. Los grandes jugadores en este acuerdo son Estados Unidos, Canadá, Japón y, más precisamente, los propietarios de industrias específicas cuyos lobbies han logrado que se aprueben acuerdos contrarios al libre comercio y al impulso a la innovación, como la industria farmacéutica que consiguió que se amplíen los derechos de propiedad intelectual de modo que se restringirá la competencia y se elevarán los precios.

Otro asunto relevante que la Cancillería y la Secretaría de Economía tendrá que explicar es el relativo a la aceptación de los sistemas de arbitraje de diferencias Estado-inversionista, los llamados ISDS (por sus siglas en inglés). Con esta aceptación, como lo ha explicado Stiglitz (La farsa del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, Project Syndicate, 2 de octubre), se reconoce el derecho a que los inversionistas extranjeros demanden a gobiernos nacionales frente a árbitros privados, cuyas resoluciones serán vinculantes, cuando consideren que las normativas nacionales disminuyen la rentabilidad esperada. Estos ISDS pueden obligar a compensar a inversionistas privados por ganancias menores a las esperadas, aunque estas ganancias causen daños tangibles a la comunidad. Es obvio que gobiernos relativamente débiles serán vulnerables a las presiones de empresas globales fuertes.

El acuerdo tendrá que ser aprobado por los parlamentarios de los países firmantes. Obama ha iniciado una campaña para convencer al Congreso de ese país que los intereses que se salvaguardaron son relevantes para el conjunto de los empresarios de su país. Se trata de convencerles que su gobierno le ha dicho al mundo que se trata de un acuerdo de libre comercio, aunque en realidad sea otra cosa: un acuerdo para un comercio administrado, porque ello sirve a los intereses estadunidenses. En México, el gobierno federal ni siquiera será capaz de articular inteligentemente una campaña para que se apruebe lo que firmó escondiéndose de empresarios y productores legítimamente interesados en lo que se firmaba. Apelará a su mayoría en el Senado que, como se mostró ayer, repetirá los argumentos gubernamentales, aunque sean absurdos.

En el proceso de aprobación parlamentaria en México se demostrará que, de nuevo, para el gobierno federal no hay intereses que valgan salvo los suyos. No les importa que sectores económicos relevantes del país resulten perjudicados. Les interesa poder presumir que están cambiando al país. Lo están haciendo, pero en un sentido contrario a los intereses de la mayoría. Abrir la discusión y hacer públicos los acuerdos firmados es un paso absolutamente indispensable para conocer la naturaleza de lo firmado. Lo que se sabe hasta ahora es alarmante. Esperemos que en el Senado, por lo menos, se genere una discusión que permita analizar cuidadosamente las pretensiones de los dueños de industrias en las que predominan los intereses estadunidenses y sus efectos sobre la economía mexicana.