La paraestatal Exportadora de Sal (Essa), donde tienen participación el gobierno federal y la trasnacional Mitsubishi, enfrenta un proceso legal de una empresa a la que no se le reconoce un contrato por mil 200 millones de dólares para procesar más de 340 toneladas métricas de salmuera, que durante 20 años se han depositado en la reserva de la biosfera de El Viscaíno, Baja California Sur.

Packsys inició una demanda tanto en Estados Unidos como ante el Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur, por incumplimiento del contrato para la disposición e industrialización de los residuos de extracción de sal de mar en Guerrero Negro.

Essa fue constituida por el multimillonario estadunidense Daniel Ludwig durante el sexenio de José López Portillo, y después se transformó en empresa de Estado mediante un convenio con Mitsubishi, que detenta 49 por ciento de las acciones, y el gobierno de México, que posee 51 por ciento, por medio de la Secretaría de Economía.

Dos semanas antes de terminar el sexenio, la administración de Felipe Calderón extendió las tres concesiones mineras a Essa hasta 2043, 2055 y 2061, respectivamente.

El año pasado la empresa produjo 9 millones 500 mil toneladas de sal, lo que representa 25 por ciento del mercado mundial y la convierte en la más grande del planeta.

Sin embargo, ese proceso ha generado el residuo conocido como salmuera, que en el sexenio de Ernesto Zedillo pretendía ser depositada en el mar, en la laguna Ojo de Liebre, un santuario de la ballena gris.

Ante la oposición, se ordenó cancelar el proyecto de expansión de Essa y deposita la salmuera, sin permisos ecológicos, en la reserva de El Vizcaíno, hábitat natural de especies como coyote, berrendo, serpiente de cascabel y liebre.

Información de Essa señala que hoy el depósito de salmuera ocupa 4 mil hectáreas, esto es, 10 por ciento de la superficie total de la salinera.

El contrato para disponer y procesar la salmuera fue aprobado por el consejo de administración de Essa, que preside el coordinador general de Mineras de la Secretaría de Economía, Mario Cantú Duarte, según consta en el acta respectiva.

La empresa a la que se asignó el contrato en 2014 por un volumen de 200 millones de toneladas métricas de salmuera es Packsys, pero ésta dejó de recibir el residuo desde enero pasado y por ello inició un proceso legal.

Como justificación del costo- beneficio de la venta de la salmuera, Essa argumentó: En este contexto, siendo la salmuera un residuo susceptible de aprovechar, se convierte en un producto derivado del proceso de producción de sal, susceptible de venta, doblemente ventajoso para Essa, primero por evitar tener que implementar el proceso de disposición por medio del proyecto de manejo, descarga y dilución de salmuera residual, con sus consecuentes altos costos económicos y riesgos ambientales para Essa, y segundo, porque se obtiene una segunda utilización al aprovecharse como subproducto de un mismo proceso.

Debido a su densidad, la salmuera permanece en la superficie y una vez procesada se obtienen cloruros de sodio y de magnesio, así como sulfatos de potasio y de magnesio.

El martes pasado, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para pedir al Servicio de Administración Tributaria (SAT)iniciar una investigación a Essa, derivado no sólo de los contratos con Mitsubishi, sino de que la paraestatal subsidia a la empresa japonesa al venderle la tonelada métrica de sal entre 11 y 15 dólares, cuando el costo de producción es de 15.25.

Como comercializadora exclusiva de sal –beneficio concedido por el gobierno de Calderón–, Mitsubishi vende la tonelada métrica de sal entre 50 y 70 dólares, que en opinión de la Auditoría Superior de la Federación constituye un daño a la hacienda pública federal.