Orquídeas de la selva de Chiapas, en peligro de extinción

Presentación

“A río revuelto, ganancia de pescadores,” dice el refrán y parece ser la explicación más evidente de la crisis social, económica y ambiental del sureste de México. Desde Guerrero hasta Veracruz, y de ahí hacia la península de Yucatán, incluyendo Chiapas y Oaxaca, es la región más rica del país. Según documentos oficiales, tiene 69 por ciento del agua del país, 99 por ciento de los hidrocarburos; 87 por ciento de la infraestructura hidráulica construida con el programa para el desarrollo en zonas tropicales. Y 70 por ciento de las tierras con capacidad productiva.

Sin embargo, los empleos formales apenas llegan a ser el 16 por ciento de la estructura laboral de México. Una pobreza social en una plataforma ecológica alucinante: el 38 por ciento de las costas marítimas del sureste atrae poco más de la mitad del turismo que recibe México por la presencia de infinidad de cuerpos de agua, planicies costeras, valles agrícolas, bosques y selvas aún sin colonizar. Y otro dato contundente: más del 70 por ciento de la biodiversidad de Norteamérica.

Sin embargo, esta riqueza ecológica no puede ser aprovechada tan fácilmente por los pueblos originarios, pues hay una serie de empresas intermediarias, consorcios transnacionales, caciques y agentes de gobierno de todos los niveles que actúan como si la meta fuera destruir los ecosistemas –terrestres y marítimos– a la mayor velocidad posible.

Desde que se abrieron las tierras del trópico húmedo a la colonización, allá por 1940, a la fecha, una serie interminable de proyectos de “desarrollo”, públicos y privados, erosionan suelos, bosques, aguas y biodiversidad. La apertura de tierras tropicales (llamadas incluso “zonas desiertas” o “tierras nacionales”), se inició con empresas forestales, luego dieron paso a colonias ganaderas, polos de “desarrollo” agrícola y finalmente centros urbanos, acompañados, más tarde, por diversos enclaves industriales.

En la sierra de Petatlán, Guerrero, la colonización forzada está en sus inicios con la explotación forestal sin límites, sin permisos legales y en contubernio con grupos mafiosos locales, caciques y pistoleros que sin escrúpulos destruyen todo intento de organización social para aprovechar los recursos de los bosques.

Los ríos del sistema Grijalva, en Chiapas, han sido alterados por una serie de presas para generar energía eléctrica, controlar las inundaciones, crear distritos de riego. Sin embargo, en Chiapas hay problemas de producción de maíz por falta de infraestructura de riego al pie de la presa La Angostura. En tanto, en Tabasco los municipios rurales son deliberadamente inundados para evitar que las presas Malpaso y Peñitas se desborden sobre Villahermosa. El mal manejo de proyectos hidroeléctricos está convirtiendo el delta del Grijalva-Usumacinta en zona de desastre continuo.

Ante la ineficacia de las presas hidroeléctricas, la crisis climática mundial y, sobre todo ante el fin de la era del petróleo, la energía eólica es una alternativa, y la región con mayor potencial en el continente es el sur del istmo de Tehuantepec. La región conocida como La Ventosa, donde los vientos del Golfo de México caen en forma de cascada sobre la planicie del océano Pacífico, formando corrientes de muy alta velocidad durante todo el año. Estas corrientes eólicas han contribuido a formar el sistema de lagunas salobres más grande de México, territorio ancestral de los pueblos pescadores de las culturas ikoot-huave y binniza-zapoteca del istmo.

La voracidad con la que las instancias gubernamentales han alentado los corredores eólicos en el istmo de Tehuantepec, ignorando derechos culturales, agrarios y ambientales, crean una resistencia regional a la construcción de los aerogeneradores. Cuando los parques eólicos deben ser una alternativa energética diferente, limpia, a la proveniente de las enormes y medianas presas hidroeléctricas.

Los estudios de impacto ambiental son una herramienta para valorar posibles efectos colaterales antes de autorizar proyectos de explotación de los recursos. Por eso mismo, las autoridades deben hacerlos tomando en cuenta todas los aspectos involucrados. De otro modo, la sociedad interpondrá amparos colectivos, como hicieron los apicultores de la península de Yucatán al ver amenazada su producción orgánica de miel por los permisos de soya transgénica. O como los vecinos de los humedales de San Cristóbal de Las Casas al ver amenazadas sus colonias por los permisos de construcción. O lo hacen los pueblos afectados por la minería a cielo abierto.

Este número de La Jornada Ecológica, dedicado al sureste de México, es una ventana a la infinidad de conflictos socioambientales que cada día aumentan en el mundo. En gran medida se reducirían si quienes desde las oficinas de gobierno toman decisiones que afectan a la gente y al medio ambiente tienen mayor conocimiento de las prácticas que los pueblos originarios han tejido para aprovechar los recursos naturales.

El lector podrá darse cuenta que cada caso presentado en este número de La Jornada Ecológica resulta ser emblemático. Y su desenlace aporta un poco más de experiencia y conocimiento en el largo camino de la justicia ambiental.

La tarea de conjuntar la voluntad de quienes con sus textos dan vida a este número especial, estuvo a cargo del doctor Emanuel Gómez Martínez, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, y quien tiene a su cargo la coordinación del programa académico de esa ilustre institución en el estado de Chiapas. Deseamos agradecerle a él y a los demás colaboradores el darnos a conocer algunos de los muchos problemas sociales, económicos, culturales y ambientales que aquejan a una de las regiones más ricas y, a la vez, más pobres del país.