San José Chiapa, Pue.

El presidente Enrique Peña Nieto expresó su total disposición a reunirse nuevamente con los padres y madres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos desde hace casi un año. ‘‘Ya me he reunido con ellos y tengo la total disposición’’ de volver a hacerlo, y con la presencia de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que el pasado domingo entregó los resultados de sus investigaciones del caso.

Además, el mandatario anunció que por medio de la cancillería se solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la ampliación del mandato del GIEI, para que los expertos concluyan sus trabajos.

Al fijar la postura del gobierno de la República sobre el reporte del GIEI, el Ejecutivo sostuvo que las indagatorias sobre los hechos de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014 –donde seis personas fueron asesinadas y más de 20 resultaron heridas, además de los 43 normalistas que siguen desaparecidos– continuarán ‘‘hasta saber qué fue lo que realmente pasó’’ y llevar a los culpables ante la ley.

‘‘La sociedad mexicana demanda conocer la verdad’’

Este fue el primer tema que abordó en el discurso que dio en esta localidad, durante la ceremonia de inauguración del Bulevar Industria Automotriz y el Distribuidor Vial 9 Periférico en la capital poblana.

Peña Nieto subrayó su ‘‘invariable y permanente disposición de estar cerca de los padres t madres de las víctimas y apoyarlos de manera permanente. Me une a ellos el deseo de conocer la verdad de lo que ahí, lamentablemente, haya ocurrido. Soy el primero en asumir el pleno interés, no sólo como presidente de la República, sino porque la sociedad mexicana demanda’’ conocer la verdad.

Con este tema inició el mexiquense su participación en el acto al que también asistieron el gobernador Rafael Moreno Valle, secretarios de Estado, así como directivos y trabajadores de la empresa automotriz Audi.

Nuevamente se refirió a la desaparición de los estudiantes como el caso que ha indignado y lastimado a la sociedad mexicana y resaltó que, en aras de esclarecer los hechos, su gobierno solicitó la asistencia técnica de la CIDH. Fue así como se integró el GIEI, el cual ha contado con todas las facilidades para sus investigaciones, dijo. Enseguida reconoció que sus integrantes han realizado un trabajo profesional.

Ahora corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) valorar los resultados del grupo de expertos e incorporarlos a su propia investigación. Sin mencionar de manera específica el señalamiento de los especialistas respecto de que es científicamente imposible que los estudiantes hayan sido quemados en el basurero de Cocula, Peña Nieto mencionó que las diferencias en las diligencias realizadas por la PGR se superarán con nuevos peritajes que den mayor certeza y en los que participarán grupos de peritos forenses del más alto nivel.

El titular del Ejecutivo retomó la conclusión que confirma lo encontrado por la PGR, sobre la participación y probable responsabilidad de los policías municipales de Iguala y de Cocula, junto con el crimen organizado. Con base en ese dato se han ejercido 110 órdenes de aprehensión ‘‘y no cejaremos hasta que todos los culpables por este muy lamentable hecho sean llevados ante la ley’’.

Señaló que el caso se mantiene abierto, la investigación continúa, lo mismo que la búsqueda de los normalistas y será el Poder Judicial quien determine cuándo habrá de concluir.

Intervención de la SRE

Por esa misma razón la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitará a la CIDH un acuerdo para ampliar el mandato del GIEI. Además, señaló, para evitar que hechos trágicos como éste se repitan, el gobierno federal impulsa reformas legales.

Peña Nieto se refirió a la iniciativa de reforma constitucional que presentó al Congreso para combatir la infiltración del crimen organizado en las autoridades locales, fortalecer las instituciones de seguridad pública del país y redefinir el sistema de competencias en materia penal.

Indicó que también enviará un proyecto de ley general para prevenir, sancionar y erradicar la tortura, y una de desaparición forzada de personas.