l pasado 9 de julio se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) varios decretos expropiatorios para abrir paso a la autopista Toluca-Naucalpan concesionada a la empresa Autovan, filial del grupo Higa (el mismo de la casa nada blanca). Si bien destaca el que afecta a la comunidad indígena ñañú de San Francisco Xochicuautla, y su barrio La Concepción, en Lerma, estado de México con 37-93-86 hectáreas de agostadero de uso común, es de anotar que los otros tres decretos para el mismo fin, se refieren a los ejidos San Pedro Totoltepec, Toluca, el ejido de San Mateo Atenco, del municipio del mismo nombre, y el ejido San Francisco Chimalpa, sobre el cual se enumeran 11 expropiaciones previas, todas, por supuesto, para infraestructura en la zona. La reconstrucción de la resistencia de la comunidad indígena referida, el acoso policiaco al que ha sido sometida y el cerco presente en torno a su campamento, la manipulación y cooptación de la supuesta asamblea de comuneros por parte de la empresa y el Estado ofrecerían elementos para una extensa crónica y a la vez denuncia por diversas violaciones a derechos humanos individuales y colectivos.

Sin embargo, nos detenemos en el decreto expropiatorio, pues constituye en sí mismo una pieza autoinculpatoria de violación a los derechos de los pueblos indígenas que ahorrará el trabajo al Poder Judicial. En primer lugar, de principio a fin contradice al Convenio 169 de la OIT, pues asume como sinónimo a la comunidad agraria con la comunidad indígena que hace parte del pueblo ñañú, de ahí que su horizonte de afectación termine en la dimensión de hectáreas de agostadero de uso común, dejando fuera la afectación territorial y a la cosmovisión indígena con la devastación de los bosques y lugares sagrados; por ejemplo, la autopista cortará una parte al Cerro de la Verónica donde se congregan peregrinos cada 3 de mayo. Por otra parte, olvida que el derecho a la consulta debe ser previa, libre e informada.

Obviamente, sobre el proyecto de la autopista en cuestión, en contraposición, reconoce que la superficie que se expropia se encuentra ocupada por el organismo público descentralizado Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, (Saascaem) en la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, por tanto, la citada superficie no es susceptible de labores agrícolas, por lo que resulta procedente tramitar el presente instrumento, a fin de regularizar la situación jurídica imperante y, en consecuencia, el núcleo agrario afectado se encuentre en aptitud de recibir el pago de la indemnización correspondiente. Sólo le faltó agregar que con resguardo policial.

Asimismo, anota que notificó el procedimiento expropiatorio, hace cinco meses al comisariado de bienes comunales, no a las autoridades indígenas representativas, sin que haya manifestado inconformidad al respecto, cuando existen acciones jurídicas en curso. La cereza del pastel es que se declara en el decreto que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1º y 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas, los días 5, 8, 9, 10 y 12 de junio se llevaron a cabo diversas asambleas con los representantes de la comunidad San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, con objeto de realizar las consultas que conforme a derecho se requerían por tratarse de una comunidad indígena. Como resultado de ello, la comunidad consultada se pronunció por aprobar la construcción y operación de la autopista Toluca-Naucalpan y autorizaron a la Secretaría de Comunicaciones del estado de México, a través del Saascaem, a continuar con el proyecto de expropiación correspondiente.

¿Un mes antes realizaron unas asambleas con dudosa representatividad sobre un proyecto que ya tiene ocupada la superficie a expropiar y que para ello ha devastado el bosque? ¿Cuál es el sentido de anotar que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ejecutará el decreto hasta que se pague la indemnización? Primero ocupó, luego consultó. Ejecutar ¿qué significa? ¿A quiénes indemnizarán, cuando la comunidad indígena de Xochicuautla está dispuesta a defender su territorio y las hectáreas expropiadas forman parte del mismo? No cabe duda que los territorios indígenas son el codiciado botín. Enrique Peña Nieto enviará al Congreso una iniciativa para crear zonas económicas especiales en las entidades con mayor rezago social. Planteará la generación de estímulos e incentivos a mediano y largo plazos para atraer inversión y elevar la productividad. Se está hablando de las tres entidades con mayor presencia indígena. Nos encontramos ante la continuidad del etnocidio ahora neoliberal y en tiempos de derechos indígenas.