La arquidiócesis primada de México criticó a los diputados de la 62 legislatura y a los asambleístas por el monto de las liquidaciones que se otorgaron por la conclusión de sus funciones. Éstas costarán a la nación más de 570 millones de pesos.

Policías ministeriales de Zacatecas detuvieron en la ciudad de Fresnillo a Fernando Esparza Fernández, presunto líder de Los Zetas en esa plaza, a quien se acusa del secuestro agravado y la desaparición de Fabiola Quiroz Zárate, ex directora del penal de Cieneguillas. La detención de Esparza Fernández, a quien desde hace varios años se le considera uno de los principales operadores del crimen organizado en esa localidad, habría sido ejecutada alrededor de las 22 horas del sábado, en cumplimiento de la orden con número de expediente 050/2015, emitida por el juzgado tercero penal en Fresnillo. Autoridades responsabilizan a Esparza del secuestro y desaparición de Fabiola Quiroz Zarate, directora del penal de Cieneguillas, ocurrido el 22 de agosto de 2012, fecha en que ella junto, un familiar y uno de sus escoltas fueron plagiados al salir del domicilio de la ex funcionaria en esa ciudad. Al conocerse en ese entonces que la directora había sido levantada, todos los custodios se declararon en huelga, por presuntas amenazas del crimen organizado, y miembros del Ejército Mexicano y policías estatales asumieron el control del penal por algunos días.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció que los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas tienen la facultad de emitir sus propias normas jurídicas para regular sus formas de convivencia interna. Al emitir la tesis XXVII/2015, el TEPJF determinó que en caso de conflictos o ausencia de reglas consuetudinarias aplicables, deben ser los propios pueblos y comunidades los que busquen la solución más adecuada. Por conducto de las autoridades tradicionales competentes y de mayor jerarquía conforme a su sistema, se emitirán las reglas para solucionar los conflictos o solventar lagunas normativas, lo que garantiza el derecho a la libre determinación de los integrantes de los pueblos y las comunidades indígenas, en una de sus expresiones más importantes, como la facultad de autodisposición normativa.