jornada
letraese

Número 228
Jueves 2 de Julio del 2015


Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER

Directora general
CARMEN LIRA SAADE

Director:
Alejandro Brito Lemus



pruebate


 

Derechos desprotegidos

Con el pretexto de que el sistema informático no lo permite, parejas conformadas por personas del mismo sexo (matrimonio o concubinato) han sorteado dificultades para afiliar a alguno de sus integrantes a los sistemas de seguridad social, teniendo como única opción la vía jurídica.

Leonardo Bastida Aguilar

“Usted no está afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social”, fue la respuesta que obtuvo José en una clínica del sistema de seguridad social cuando quiso acceder a una consulta médica. La contestación le extrañó y lo dejó estupefacto. Si bien no se encontraba en su entidad de origen, Yucatán, él llevaba consigo el documento que le habían entregado en el centro de salud de Conkal, perteneciente al IMSS, y por medio del cual acudía a consulta de manera frecuente.
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Allí en Tenosique, Tabasco, le dijeron que el documento mostrado no era un carnet de la institución sino sólo la solicitud de inscripción, por lo que no era válido y no tenía derecho a recibir el servicio. Le explicaron que el carnet del IMSS se expide de manera electrónica e incluye un sello digital para cada persona, por lo tanto, su documento no era un carnet de atención médica sino el inicio de un trámite no concluido.

Algunos meses atrás, en julio de 2014, su concubino, Carlos Méndez, director del albergue Oasis de San Juan de Dios, especializado en atención a personas con VIH –sobre todo de comunidades indígenas mayas–, había decidido afiliarlo como su pareja y beneficiario ante el Instituto tras un largo periplo para que se reconociera su concubinato en el estado. En Yucatán, si bien se han celebrado matrimonios entre personas del mismo sexo, todos han sido mediante el amparo legal y no había registro alguno de concubinato. En el país, sólo el Distrito Federal reconoce el concubinato entre personas del mismo sexo.

El caso de José y Carlos no fue diferente de otros, a pesar de ser una figura jurídica distinta. Acompañados por abogados de la organización Indignación A.C. y el Consultorio Virtual “Arturo Díaz Betancourt”, interpusieron un amparo para que fuera reconocida su unión. Carlos deseaba que su cónyuge pudiera afiliarse al IMSS, obtener atención médica y en un futuro, una pensión por viudez. Por eso, cedió ante actitudes como que mientras las parejas heterosexuales sólo requieren de dos testigos para que se les reconozca como concubinos, ellos tuvieron que acudir a instancias legales, las cuales, en alrededor de un año, les concedieron un amparo –en la ciudad de Motul– que reconocía su concubinato desde julio de 2014.

Después de recibir los papeles que los acreditan como concubinos, acudieron a la clínica del IMSS en Conkal, lugar donde se encuentra el albergue y donde residen, y recibieron una hoja con los datos de José. Con ella, acudía a sus consultas médicas durante el turno vespertino y por tres meses no había tenido problemas de ningún tipo.

Por esa razón, ante los hechos en Tabasco, regresaron al Centro de Salud de Conkal a explicar la situación y preguntar qué había pasado. Allí les dijeron que cuando acudieron a dar de alta a José, el sistema informático no reconocía los concubinatos entre personas del mismo sexo. Cuando registraban a José como el beneficiario de Carlos en la pantalla de la computadora aparecía que era una opción inválida o que había un error en el sexo del cónyuge.

Para subsanar la situación, siguieron brindándole atención a José en el Centro de Salud, aunque cada 30 días el director del lugar tenía que renovarle su “afiliación” y avisar sobre su caso a los médicos y administrativos del nosocomio para que no hubiera problema. Sin embargo, en algunas ocasiones se olvidaba de hacer la renovación, y el registro sólo era válido en esa Clínica, por lo que si deseaba o necesitaba acudir a un hospital de especialidad en Mérida, no tendría acceso.

La situación no podía continuar y la pareja decidió, en septiembre de 2014, recurrir a la vía judicial para no permitir más que un sistema de cómputo impidiera que una persona gozara de sus derechos.

Seguro social igualitario
El caso de Carlos y José no es único. De 2010, cuando se registraron los primeros matrimonios igualitarios en el país, a la fecha, se han casado más de cinco mil parejas en la ciudad de México y más de 100 en Coahuila, la otra entidad donde es legal el matrimonio aunque no el concubinato. De estos enlaces, son menos de 600 los casos en que integrantes de la pareja han logrado afiliar a sus cónyuges a algún sistema de seguridad social.

De acuerdo con información obtenida a través de Infomex (federal y de 26 entidades, pues Estado de México, Baja California Sur, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca y Yucatán aún no cuentan con un sistema de acceso a la información), la institución con mayor número de integrantes de parejas del mismo sexo afiliados como derechohabientes es el IMSS, con 407 registros entre 2014 y abril de 2015. De estos, 18 fueron por laudo, es decir, por medio de un recurso legal. Hasta el cierre del conteo, el Instituto no reconocía el concubinato entre personas del mismo sexo.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha afiliado a 138 matrimonios y cuatro concubinatos entre 2010 y abril de 2015. Los servicios de salud y seguridad social de Petróleos Mexicanos (Pemex) han registrado a dos matrimonios, uno en 2012 en el DF y otro en 2015 en Campeche. Por su parte, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM) hizo lo propio con un concubinato en 2014 en la ciudad de México.

A nivel estatal, es decir, en servicios de salud para trabajadores de dependencias municipales o estatales, sólo Sonora y Puebla registran una afiliación cada uno, en ambos casos matrimonio. En el caso de las pensiones, en Chihuahua sólo se ha registrado ante el Instituto Municipal de Pensiones una pareja en sociedad de convivencia (figura válida en el Distrito Federal), pero actualmente no cobra pensión.

El servicio más demandado ha sido el de acceso a la vivienda, a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que entre 2010 y abril de 2015 ha otorgado tres mil 730 créditos hipotecarios a parejas del mismo sexo de todo el país, con un promedio de entre 600 y 800 créditos por año (2010, 878; 2011, 690; 2012, 816; 2013, 570; 2014, 597, y en el primer cuatrimestre de 2015, 179). Si bien podría no ser considerado como seguridad social, se trata, al igual que los servicios de salud y de crédito al trabajador, de una prestación laboral.

En el rubro de créditos al trabajador, en este caso, solicitados a través del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), la respuesta obtenida fue que no se registra el sexo de la pareja en las solicitudes de crédito.

Laguna legislativa
En febrero de 2014, el IMSS informó a través de un comunicado que se debe afiliar a todas las parejas del mismo sexo que presenten su solicitud y sean sujetos de los beneficios de la institución. Esto tras la interposición de varios amparos que daban la razón a las parejas querellantes al manifestar que el trato de la institución era discriminatorio por impedir la afiliación como derechohabientes a integrantes de matrimonios igualitarios. El ISSSTE, de manera disimulada, había comenzado a afiliar a estas parejas tras haber sido interpuesta una demanda en su contra y recibir una exhortación al respecto por parte del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred).

Sin embargo, hasta el momento no se han realizado modificaciones a ninguno de los reglamentos internos, los cuales siguen definiendo al matrimonio y al concubinato como la unión entre un hombre y una mujer, situación que deja a interpretación del funcionario en turno la posibilidad de afiliación.

Por esa razón, el pasado jueves 30 de abril, con 65 votos a favor, el Senado de la República aprobó un proyecto de reforma para ambas legislaciones, presentado por el Partido de la Revolución Democrática, que busca hacer cumplir los principios de igualdad y no discriminación previstos en la Constitución. La propuesta reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes del Seguro Social y del ISSSTE, define al cónyuge como un integrante de matrimonios heterosexuales y a los del mismo sexo. También establece que al viudo o viuda de la o el asegurado se le otorgará una pensión equivalente al 40 por ciento de la que hubiese correspondido a aquél, tratándose de incapacidad permanente, y total derecho a la pensión de viudez a quien fuera esposo del pensionado por invalidez.

Sobre el ISSSTE, se especificó que debería garantizar a los cónyuges del mismo sexo las prestaciones del seguro de salud, atención médica, curativa, de maternidad y de rehabilitación física y mental, así como el seguro de riesgo de trabajo.

De acuerdo con las reformas, también se asegurarán las prestaciones relativas a los seguros de riesgo, de trabajo, de enfermedad, de maternidad, de invalidez y vida, de retiro, de cesantía en edad avanzada y de vejez, así como la ayuda asistencial.

Un año de trámites
Para Carlos, la ruta más fácil para brindarle seguridad social a José era interponer un amparo en solicitud de matrimonio y hubiera solucionado el problema desde 2014, o desde 2006, cuando encabezaron un movimiento a favor del matrimonio igualitario –el cual todavía no se concreta– en la entidad del suroeste mexicano. Sin embargo, comentó en entrevista, al saber que las únicas dos figuras para obtener el derecho a la seguridad social son el concubinato y el matrimonio, optó por el primero, debido a que nadie había mostrado interés por dicha figura, que también asegura el acceso a ciertos derechos, o mejor dicho, a los mismos que brinda el matrimonio, como la sucesión de bienes y seguridad social.

Lo más importante es que el caso dio pie a una reformulación de la situación a nivel nacional, afirmó el activista, pues después de haber obtenido el amparo por parte del Juzgado 1 de Distrito de Yucatán, en abril pasado, el IMSS se vio obligado a modificar su sistema informático de altas de derechohabientes para reconocer a los concubinatos entre personas del mismo sexo y así ya no habría vacíos legales en la materia.

A algunos les daban carnets hechos a mano, afirma Méndez, quien durante su proceso legal conoció casos similares al de José y a quienes padecían la misma situación. Lo increíble, asegura, es que un trámite que regularmente toma entre media y una hora, a él y a su pareja les haya tomado casi un año.






S U B I R

 

Las entidades federativas donde más créditos hipotecarios para parejas del mismo sexo se han otorgado son Estado de México (570), Jalisco (511), Nuevo León (463), DF (306) y Querétaro (148). La que registra menos es Tlaxcala, con dos.

El DF es el lugar donde más parejas del mismo sexo han podido afiliar al ISSSTE a sus parejas; en contraste, en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Oaxaca y Sinaloa sólo hay registro de una afiliación.