El rechazo del gobierno federal para que los militares de la región de Iguala se reúnan con el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa, pretende mantener el Ejército como institución ‘‘intocable’’, lo que es impropio de un régimen democrático y en nada abona a los anhelos de verdad y justicia, aseguró Vidulfo Rosales Sierra, abogado de padres y madres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos.

‘‘Negar la intervención o recomendación que hacen los organismos internacionales es propio de los gobiernos autoritarios’’, dijo. Lamentó asimismo la ‘‘postura inamovible’’ del gobierno para que los expertos de la CIDH entrevisten a los militares que estuvieron presentes en los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, cuando desaparecieron los 43 normalistas.

En entrevista telefónica, el también abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan dijo que, con esta decisión, el gobierno pretende que el Ejército siga siendo ‘‘tema tabú’’ e ‘‘institución intocable’’, donde su actuación no puede ponerse en tela de juicio. ‘‘Con ello pretenden mantener una imagen inmaculada de un Ejército que a todas luces, tanto en el pasado como en el presente, ha cometido graves violaciones a los derechos humanos. Y esto no ayuda en un sistema democrático en el que todas las instituciones tienen que estar sometidas al imperio de la ley’’, señaló.

En las primeras reacciones tras el tácito rechazo gubernamental a la gestión para que se reunieran los expertos de la CIDH con militares, Cristina Bautista, madre de uno de los normalistas desaparecidos, y Ernesto Guerrero Cano, estudiante que sobrevivió a los hechos de Iguala, reprobaron la posición anunciada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y señalaron que hay elementos suficientes y testimonios contenidos en las investigaciones que evidencian que los soldados no sólo estuvieron presentes, sino también están involucrados en los hechos de la desaparición.

‘‘¿Qué ocultan? ¿A qué le tienen miedo si los militares no tuvieron nada qué ver, según la PGR (Procuraduría General de la República ) y el gobierno?’’, señaló el estudiante Guerrero Cano, quien sin embargo aseguró que ‘‘los elementos del Ejército estuvieron ahí en el momento en que los normalistas fueron rafagueados. Me consta’’.

Para Rosales Sierra, la petición de los expertos de la CIDH ‘‘no se trata de un capricho’’, sino que en el expediente de la desaparición de los normalistas hay elementos contextuales previos y durante los acontecimientos que involucran al Ejército. Incluso, hay declaraciones que hace Javier Bravo Bárcenas, ex militar de la policía preventiva de Cocula, que señala al Ejército de estar coludido con Los Rojos y de haber brindado protección a este grupo delincuencial.

Aclaró que no se está diciendo que el Ejército sea culpable, sino que hay elementos probatorios dentro de la investigación que lo involucran, por lo que se hace necesario abrir líneas de investigación para descartar cosas e indagar en busca de la verdad.

Por ello, insistió Rosales, resulta relevante el testimonio de los militares; es importante abrir alguna línea de investigación donde se interrogue y se cuestione qué hacían el día de los hechos, y se indague su relación con los grupos delincuenciales.

Anunció que se insistirá al gobierno que acepte la petición de los expertos, ‘‘en aras de esclarecer las dudas, así como las irregularidades que hay dentro de la investigación. El Estado mexicano tiene que aceptar que se cometieron esas irregularidades’’.