Las juventudes indígenas y afrodescendientes en México aún están lejos de poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos con plenitud, pues viven en condiciones de desigualdad respecto del resto de este grupo poblacional en el país, señala una de las conclusiones del informe Juventudes indígenas y afromexicanas hacia la agenda de desarrollo post 2015.

El documento, dado a conocer por la Red Juventudes Indígenas y Afromexicanas en Conexión (Jinaco) y Salud Integral para la Mujer (Sipam), sostiene que si bien a casi 20 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) de El Cairo en el ámbito internacional se ha impulsado el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, en México debemos resaltar que un reto pendiente y constante para los gobiernos es combatir el rezago en el cual viven las juventudes indígenas y afromexicanas en la materia, pues las acciones que se han emprendido han tenido como objetivo sólo a la población urbana.

Además, el enfoque de derechos humanos y las perspectivas de género, interculturalidad y juventudes están ausentes (de las políticas públicas), especialmente en el interior de los estados de la República. Estas ausencias provocan e impiden que exista un piso mínimo para que cada adolescente, cada joven ejerza plenamente sus derechos sexuales y reproductivos en espacios públicos y privados.

El informe es una revisión del grado de cumplimiento de los acuerdos del programa de acción de la CIPD de 1994, ratificado por 179 países, incluyendo México. Uno de los ejes del citado programa son los derechos sexuales de la juventud. El texto incluye los aportes y discusiones que la Red Jinaco tuvo durante el taller Juventudes indígenas y afromexicanas frente a Cairo+20, cuyo propósito fue revisar los obstáculos para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de este grupo poblacional.

La red está conformada por jóvenes indígenas y afromexicanos pertenecientes a las etnias tuun savi, tojolabal, nahua, purépecha, chontal, zapoteca, tzotzil, mixe, maya, ñöñho (otomí), tzotzil-tzeltal y mazateca. Además de sus experiencias, el informe incluye los resultados de 78 solicitudes de información sobre la salud sexual y reproductiva, educación, violencia, educación sexual, participación política e igualdad de género en México.

Los autores del informe identifican que hay comunidades indígenas cerradas en las que hablar de sexualidad es muy difícil. Además, la prácticamente nula educación sexual en lenguas originarias (ofrecida por el gobierno) constituye una barrera para que tanto personas jóvenes como adultas reflexionen sobre las sexualidades y su vínculo con la salud.

Concluyen que el gobierno mexicano debe garantizar que las juventudes indígenas y afromexicanas sean reconocidas y se involucren en espacios de toma de decisión y en la elaboración de las políticas públicas que buscan incidir en sus contextos directos y sobre sus cuerpos, además de garantizar sus derechos.