Política
Ver día anteriorJueves 30 de abril de 2015Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio

Un juzgado federal ya negó orden de aprehensión por ese ilícito

Batalla la PGR para acusar a Abarca por desaparición forzada
Alfredo Méndez y Gustavo Castillo
 
Periódico La Jornada
Jueves 30 de abril de 2015, p. 9

La Procuraduría General de la República (PGR) está a la espera de que dos tribunales unitarios de circuito libren órdenes de aprehensión en contra del ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca y de al menos 80 policías de esa localidad y de Cocula, a quienes se acusó del delito de desaparición forzada de personas, confirmaron fuentes de la dependencia federal.

Los funcionarios consultados precisaron que en primera instancia judicial un juzgado federal negó a la PGR otorgar la medidas cautelares por ese delito, con el argumento de que no estaban plenamente acreditados los elementos jurídicos que indica el tipo penal de desaparición forzada y que en todo caso únicamente había indicios para acreditar el delito de privación ilegal de la libertad.

Sin embargo, la PGR no estuvo de acuerdo con los argumentos del juzgado, por lo que presentó un recurso de apelación que está por resolverse.

Una fuente de la PGR indicó que ya ha pasado más de un mes sin que el tribunal unitario resuelva el recurso de apelación, pero aclaró que la dependencia confía en que el tribunal de alzada estudiará con detenimiento el expediente judicial y otorgará las órdenes de aprehensión por desaparición forzada.

El tipo penal de desaparición forzada ha sido poco explorado en el derecho mexicano y técnicamente es muy complejo, por lo que es muy probable que los jueces mexicanos no lo tengan muy estudiado.

Han transcurrido siete meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, y hasta el momento el Ministerio Público Federal sólo mantiene las acusaciones de privación ilegal de la libertad y homicidio (secuestro agravado) contra los funcionarios públicos y miembros del crimen organizado que han sido señalados como responsables.

Una petición constante de organizaciones no gubernamentales, padres de las víctimas e instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno mexicano es que la PGR acuse a los responsables de esos hechos de desaparición forzada de personas.