Sao Paulo.

La policía federal de Brasil arrestó ayer a tres ex congresistas sospechosos de estar involucrados en una red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Son los primeros políticos en ser detenidos por el escándalo.

Los fiscales a cargo de las investigaciones en torno al escándalo en la petrolera brasileña indicaron que la asociación ilícita implicó supuestos pagos por al menos 800 millones de dólares en sobornos y otros de empresas de construcción e ingeniería a cambio de obtener contratos inflados con la petrolera estatal.

André Vargas, uno de los políticos capturados, era un ex congresista del gobernante Partido de los Trabajadores. Luiz Argolo pertenece al Partido Solidaridad y Pedro Correa es integrante del Partido Progresivo.

Los tres políticos son sospechosos de estar involucrados con vendedores del mercado negro de dinero, quienes en acuerdos judiciales han dicho que ayudaron a mover el dinero junto con ex ejecutivos de Petrobras que reconocen haber amasado cientos de millones de dólares en sobornos. Ese testimonio allanó el camino para que se indagara a políticos que supuestamente se beneficiaron.

La investigación del caso de corrupción ha resultado en el arresto de más de 30 ejecutivos, incluso de varias importantes firmas de construcción e ingeniería, así como de tres ex directores de Petrobras.

Los desvíos

Petrobras estima que las desvíos de fondos realizados por la red de corrupción que operó en el ente entre 2004 y 2012 ascienden a entre 5 mil y 6 mil millones de reales (entre 1 millón 600 mil millones y 2 mil millones de dólares), reportó el diario Folha de Sao Paulo.

De acuerdo con el rotativo, los valores estimados de pérdidas incluyen todos los contratos presuntamente superfacturados, firmados entre el ente y las empresas socias, acusadas de haber formado un cartel para cometer fraudes en las licitaciones.

Funcionarios que participan en la revisión de los contratos sospechosos de irregularidades dijeron que la cuenta de pagos indebidos es conservadora para demostrar a los inversionistas que Petrobras no pretende esconder los perjuicios y que, por tanto, merece que su balance sea auditado y aprobado por la consultora PwC.

La estimación de las pérdidas derivadas de los desmanes es una condición ineludible para que la agencia apruebe el balance parcial, relativo al tercer trimestre de 2014. La auditora se niega a hacerlo porque ex altos funcionarios que firmaron la rendición de cuentas están bajo sospecha de haber integrado la red ilegal.

La negativa agravó la situación de la estatal, a la cual la agencia de calificación de riesgo Moody’s retiró este año el grado de inversión.

Según auxiliares de la presidenta Dilma Rousseff, citados por el medio, el gobierno espera con optimismo que el próximo viernes 17 sea presentado el balance aprobado por los auditores independientes.

El escándalo en la mayor empresa pública de Brasil estalló en marzo del año pasado, a partir de un operativo de la Policía Federal que investigaba una red de lavado de dinero y evasión de impuestos y divisas.

La estatal necesita publicar el balance cuanto antes para calmar el mercado y asegurarse la valorización de las acciones de la empresa.

Además, si la publicación no se realiza antes del 31 de mayo, los acreedores pasarán a tener derecho a pedir la anticipación del pago de deudas, lo que perjudicaría más la situación financiera del ente.

El escándalo golpeó al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, quien presidió el consejo de administración de la empresa entre 2003 y 2010, debido, principalmente, a que la mayoría de los políticos sospechosos de haberse beneficiado de los desmanes integran su partido, el PT, y los dos mayores socios de la coalición de gobierno: el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño y del derechista Partido Progresista.