En la actualidad, 62 mexicanos enfrentan procesos penales en Estados Unidos que podrían derivar en la imposición de la pena de muerte y 60 connacionales están ya sentenciados; 36 de éstos están incluidos en el fallo Avena, en el cual la Corte Internacional de Justicia resolvió en favor de los inculpados, ya que al momento de su detención se les negó el acceso a la atención consular.

Desde su creación, en 2000, y hasta el 28 de febrero de 2008, el Programa de Asistencia Jurídica para Casos de Pena Capital del gobierno de México ha logrado evitar la imposición de la sentencia a 914 connacionales. En este mismo periodo, siete fueron ejecutados.

De acuerdo con cifras de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, que encabeza la embajadora Reyna Torres, en ese mismo periodo el programa ha estudiado un total de mil 630 casos, de los cuales 507 no calificaron porque el indiciado tenía doble nacionalidad, no era mexicano o debido a la reclasificación de los cargos. En todos los casos se trataba de ciudadanos acusados por el delito de homicidio.

De los mil 123 casos restantes, se obtuvo 87.63 por ciento de éxito en el proceso de evitar la pena capital.

En la demanda original ante la Corte Internacional de Justicia, el gobierno mexicano presentó 54 casos. Esta instancia falló únicamente en 51; de éstos, permanecen al día de hoy 36 connacionales sentenciados a la pena de muerte, 10 ya no enfrentan una sentencia capital, uno falleció de cáncer y cuatro han sido ejecutados.

Al comparar los casos antes y después de la existencia del programa, se observa que la probabilidad de que connacionales reciban la pena de muerte es considerablemente menor en la actualidad, sostiene la dirección general de Protección a Mexicanos en el Exterior.

Destaca que el programa 2013-2014 señala que la imposición de dicha sentencia a mexicanos es de 0.7 por ciento, mientras su aplicación a ciudadanos estadunidenses va de 8 a 14 por ciento.

A pesar de que el fallo de la Corte Internacional de Justicia en favor de México se emitió el 31 de marzo de 2004, fue ejecutado José Ernesto Medellín Rojas, quien era uno de los sentenciados incluidos en el caso Avena. Es la misma situación de Ramiro Hernández, a quien 10 años después del fallo de la CIJ también se le aplicó la pena máxima, así como el de Humberto Leal García en 2011, Édgar Tamayo Arias y Ramiro Hernández Llenas, en 2014.

Todos los casos de mexicanos en posibilidad de recibir una sentencia de muerte han sido detectados por la red consular de México en Estados Unidos, la más grande que país alguno tiene en otra nación, y son atendidos por abogados especializados desde las primeras etapas, lo que asegura una defensa legal competente y el respeto al debido proceso, sin que se prejuzgue la culpabilidad o inocencia de los acusados.