La mayoría de los jornaleros agrícolas están sometidos a condiciones de semiesclavitud por las grandes empresas del sector, que se aprovechan de su extrema vulnerabilidad e incluso actúan en muchas ocasiones en complicidad con servidores públicos de diversas instituciones, señalaron organismos de la sociedad civil.

En un pronunciamiento conjunto –firmado por colectivos como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Respuesta Alternativa y la Alianza Global de Trabajadores por la Justicia–, subrayaron que la pobreza, la marginación y la falta de empleos formales en las comunidades indígenas y campesinas son algunos de los factores que propician la vulnerabilidad de los jornaleros agrícolas.

Dicho escenario es aprovechado por los dueños de campos y fincas, muchas de ellas propiedad de grandes empresas nacionales y extranjeras, que explotan a sus trabajadores, sometiéndolos a condiciones de semiesclavitud, bajo el amparo y en ocasiones en contubernio con las instituciones públicas que se ven beneficiadas de esta cadena masiva de explotación laboral.

Provienen de zonas pobres

En su comunicado, los organismos de derechos humanos indicaron que, según datos oficiales, este fenómeno de grave explotación laboral afecta a más de 2 millones de personas, sobre todo en los estados de México, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Chiapas, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán y Puebla.

De igual forma, subrayaron que los jornaleros suelen provenir de las 10 entidades más pobres de México, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz; no han concluido la educación secundaria y no tienen un contrato formal de trabajo; por tanto, carecen de prestaciones y no pueden acudir al médico si sufren un accidente laboral o se enferman.

Por todos estos antecedentes, las organizaciones rechazaron los actos de represión contra los jornaleros organizados en el valle de San Quintín y propusieron diseñar políticas públicas para cuidar los derechos de esta población vulnerable, generar un diálogo respetuoso con sus empleadores y con las autoridades, e incorporarlos al Instituto Mexicano del Seguro Social.