El descubrimiento de decenas de trabajadores agrícolas en condiciones de semiesclavitud en Baja California demuestra que la explotación en contra de los jornaleros sigue ocurriendo casi en las mismas condiciones que en la época del Porfiriato, debido a que las autoridades no realizan inspecciones exhaustivas en estos centros de trabajo, ya sea por ineficiencia o por complicidad con los empleadores, señalaron organizaciones especializadas en el tema.

Jazmín Reza, integrante del colectivo Jornaleros Safe, indicó que desde hace muchos años se sabe que los trabajadores de ranchos y complejos angroindustriales son sometidos a turnos de más de 12 horas, con trabajo infantil, expuestos a químicos peligrosos y viviendo en lugares insalubres.

Ha habido denuncias de bebés muertos por respirar los fertilizantes o por bañarse en los canales de riego. Hay muchas leyes que lo prohíben, pero son letra muerta, porque seguimos viendo cosas que pensábamos que no deberían existir, subrayó.

Para la activista, uno de los orígenes de los abusos se encuentra en la falta de supervisión del gobierno a estos lugares de trabajo, muchos de los cuales pertenecen a empresarios o a políticos. Deben hacerse inspecciones más fuertes y controladas, y que las haga no sólo el gobierno, sino organizaciones independientes que observen el cumplimiento de las leyes, consideró.

Jesús Carmona, secretario técnico de la asociación civil Respuesta Alternativa, enfatizó por su parte que las condiciones de semiesclavitud de muchos jornaleros agrícolas son prácticamente iguales a las de la época previa a la Revolución, y demuestran que muchas personas no tienen más opción que someterse a ellas para subsistir.

El que solamente tres de los jornaleros tarahumaras hayan querido regresar a su lugar de origen (luego de ser rescatados) demuestra la extrema pobreza en la que viven y su gran vulnerabilidad, que lleva a la violación sistemática de sus derechos humanos por parte de su empleador, manifestó.

La gran mayoría de los trabajadores agrícolas, tanto indígenas como mestizos, sufren prácticas como retención de pagos, ausencia de contratos laborales, jornadas de sol a sol, alimentación precaria y trabajo infantil, las cuales podrían configurar delitos como trata de personas.

“Si tuvieran voluntad, las autoridades podrían imponer sanciones a los empleadores, incluso con responsabilidades penales, pero es rarísimo, porque la agroindustria es de exportación, millonaria, y por lo tanto los intereses económicos están a la orden del día. Los jornaleros son mano de obra rentable, barata y reciclable, y darles derechos los transformaría en mano de obra ‘cara’”, lamentó.